Tras 13 años de espera, Yraida Guanipa votó por primera vez, luego de haber cumplido una condena carcelaria que le impidió volver a ejercer el sufragio.
Sur Florida / Diario Las Americas
La fila en uno de los centros de votación anticipada en Miami era larga y castigada por el sol de mediodía. Pero valió la pena para esta mujer de 58 años que dedicó los últimos 11 a pelear para recuperar su derecho a votar.
En Florida, los exconvictos tenían prohibido votar, cuando en 1838 la Constitución del estado señaló que “el Congreso estatal promulgará leyes para excluir de sus cargos y del sufragio a quienes hayan sido o puedan ser condenados en lo sucesivo por cohecho, perjurio, falsificación u otro delito grave o falta”.
“La ley prevaleció sin cambios significativos hasta 2007, cuando el entonces gobernador republicano”, que más tarde se cambió a demócrata, “Charlie Crist, logró que el Congreso estatal aprobara la reinstauración del derecho al voto a quienes hayan cumplido condenas”, explicó el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates, en Miami,
Aquella reforma tuvo por excepción a quienes cometieron delitos de asesinato o asalto sexual, pero restableció el derecho al voto a unos 150.000 expresidiarios.
La reforma fue revertida por el entrante gobernador republicano Rick Scott en 2011, que alegó “necesidad de verificar conducta social” y en su lugar estableció un proceso selectivo que arrojó unas 3.000 aprobaciones de 30.000 recibidas durante sus ocho años de mandato.
Más tarde, el 6 de noviembre de 2018, el 65% del electorado de Florida aprobó restituir el derecho al voto a expresos que hayan cumplido sus probatorias y que no hayan sido condenados por asesinato o delitos sexuales.
No obstante, dos meses después el Congreso estatal, de mayoría republicana, optó por supeditar el proceso de restitución al pago de “obligaciones financieras pendientes en las cortes”, como gastos y costes del proceso judicial o penalizaciones monetarias asociadas con la sanción carcelaria.
Gracias a esa enmienda, Guanipa pudo volver a votar.
“Al agarrar el lápiz para rellenar el círculo de mi selección”, cuenta tras salir del centro de votación, “sentí que era un paso más hacia la libertad completa, que todavía no la tenemos, porque el problema es que aquí cuando tienes una sentencia, esa sentencia no tiene fin”.
“Pero con este paso estoy llegando a volver a ser esa persona que era antes de tener una condena”, añade.
De origen venezolano, con casi 40 años en Estados Unidos, Guanipa pagó casi 12 años de cárcel por un cargo vinculado a las drogas. Al salir, fundó el YG Institute, una ONG para ayudar a otros exconvictos en su transición a la libertad.
Desde 2009, ayudó a promover la Enmienda 4, reuniendo firmas y participando en una demanda federal para que las personas encarceladas recuperen el derecho a voto al salir de prisión, como ocurre en la mayoría de los demás estados del país.
“Tantos años recolectando firmas, litigando en tribunales… y esta pelea tiene este bello final. Elegir al presidente”, dice a la AFP, con una calcomanía que dice “¡Yo voté!” en el pecho.
Pero no todos los exconvictos de Florida pueden votar.
El llamado Estado del Sol es crucial en las elecciones que terminan el 3 de noviembre porque su voto -que es imprevisible- tiene el potencial de decidir la presidencia.
No se sabe con certeza cuántos de los 1,4 millones de “ciudadanos retornados” que recuperaron su derecho a voto en 2018 se registraron para votar en Florida.
Un análisis de registros electorales del Tampa Bay Times colocó esta cifra en 31.400, mientras la Coalición por la Restauración de los Derechos en Florida (FRRC), una ONG que aboga por los derechos de los exconvictos, calcula que fueron 67.000.
De ellos, se desconoce cuántos pueden en efecto sufragar, debido a las modificaciones que sufrió la enmienda.
