Yudy Tovar quisiera aferrarse al refrán de que “la esperanza es lo último que se pierde”, pero con
impotencia ve casi nula la posibilidad de que se haga justicia en su caso y el de miles de víctimas
del conflicto interno armado de más de cinco décadas en Colombia.
Sur Florida / reuters
Tovar fue reclutada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
en 2005, cuando tenía 16 años, a la salida de la escuela en la que cursaba séptimo grado, en el
municipio de Rioblanco, en el departamento del Tolima.
Pero dos días después comenzó su verdadero calvario, cuando fue violada por el comandante del
frente rebelde, una práctica que luego fue replicada por otros 12 guerrilleros durante el año y medio
que permaneció en las filas, antes de escaparse.
Por casos como este, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -un órgano de justicia creado en la
negociación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en 2016- abrió un proceso en el que
citó a rendir versiones voluntarias a 15 de los antiguos líderes del grupo rebelde para que expliquen
la política que permitió la vinculación de menores al conflicto.
El martes le tocó el turno a Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien fue máximo líder de esa
guerrilla y ahora preside la Fuerza Alternativa Revolucionarias del Común, el partido político que
surgió del acuerdo con el mismo acrónimo del grupo rebelde.
Londoño negó que las FARC hayan tenido una política de reclutamiento forzado y de abuso sexual,
pero dejó abierta la posibilidad de que se hubieran dado casos, ante lo cual ofreció disculpas.
“Pido perdón por las conductas que miembros de nuestra extinta guerrilla hubieran podido cometer
en estos asuntos. Eso nunca debió haber ocurrido”, escribió en su cuenta de Twitter antes de iniciar
la sesión, en la que participaron algunas víctimas, los abogados de Londoño y los magistrados de la
JEP.
“A las víctimas mi mayor respeto y solidaridad. Comparto su dolor. El horror de la guerra jamás
debió haber ocurrido”, agregó.
Pero las víctimas no tienen muchas ilusiones de que los excomandantes de las FARC digan la
verdad.
“Nosotras sabemos que eso no va a pasar, eso es por llenar requisitos, por decir que sí dijeron las
cosas, pero no va a pasar nada”, advirtió Tovar, quien ahora es vocera de la Corporación Rosa
Blanca, integrada por 300 exguerrilleras y a la que otras 900 están tramitando su ingreso.
“Todos sabemos que es nuestra verdad contra la verdad de ellos y obviamente ellos pesan mucho
más, se sabe que ellos se van a salir con la suya”, afirmó en una entrevista con Reuters.
VÍCTIMAS SUBESTIMADAS
La JEP también investiga otras formas de participación de menores en el conflicto, como cocineros,
cargadores, mensajeros y los que fueron reclutados para propósitos sexuales.
Además, indaga otros delitos que comprometen a la desmovilizada guerrilla de las FARC como
tortura, fusilamientos y desapariciones forzadas en medio del conflicto que ha dejado 260.000
muertos y millones de desplazados.
La JEP puede imponer penas restrictivas de libertad de entre cinco y ocho años a los líderes
rebeldes que reconozcan su responsabilidad y confiesen los delitos. En tanto, quienes sean
condenados sin asumir sus responsabilidades serán sentenciados a penas de cárcel de entre 15 y 20
años.
“¿Cómo se va a hacer justicia de esa manera, si ellos ni siquiera aceptan los errores que
cometieron?”, dijo “Ángela”, reclutada por las FARC en contra de su voluntad cuando tenía 22 años
y quien pese a cumplir una sentencia de más de cinco años de prisión por rebelión no ha sido
reconocida como víctima porque le exigen pruebas de haber sido obligada.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Fiscalía General de la Nación
estiman en 8.090 los niños, niñas y adolescentes víctimas de vinculación a grupos armados ilegales
en el país, de los cuales ha indemnizado cerca del 40% con unos 56.000 millones de pesos (15
millones de dólares).
Pero la cifra se queda corta frente a investigaciones y relatos de exmilitantes.
“Nos está dando un aproximado de 39.700 menores”, dijo Herbin Hoyos, un activista y periodista
que tuvo por décadas el programa radial “Las voces del secuestro”, a través del que promovió la
deserción de guerrilleros que le proporcionaron documentos y fotografías en donde se ven niños
uniformados con edades desde los 8 o 10 años.
“No veo la posibilidad de justicia (…), aquí son las víctimas, son los niños los que tienen que probar
a estos comandantes que fueron reclutados”, concluyó Hoyos.
