La oposición venezolana está discutiendo reducir el tamaño del equipo de colaboradores del líder opositor Juan Guaidó, quien ha ganado el reconocimiento de decenas de países como presidente interino, dijeron nueve legisladores a Reuters.
Sur florida / Reuters
Guaidó, jefe del Parlamento, dijo en 2019 que Maduro era un usurpador del cargo luego de su reelección -que ha sido cuestionada por buena parte de la comunidad internacional- y asumió una proclamada presidencia interina basada en artículos de la Constitución que hacen que el jefe del Congreso sea el próximo en la línea de gobierno del país.
Pero el esfuerzo opositor no ha podido sacar a Maduro de la casa de gobierno, y Venezuela elegirá el domingo un nuevo congreso en una votación en la que mayor parte de la oposición no participa, lo que significa que los mandatos de los legisladores actuales expirarán en enero al cumplirse su período de 5 años.
Los parlamentarios de la oposición coinciden en que la elección del domingo es ilegítima, dijo el miércoles el legislador Freddy Guevara en una entrevista.
Guevara explicó que el parlamento está discutiendo una reducción en la cantidad de embajadores que representan a Guaidó en el exterior, y agregó que un grupo de legisladores quiere reducir el congreso a un grupo pequeño.
“Estamos en la discusión del gobierno interino, el uso de los recursos en el exterior (…) tienes diferentes visiones”, dijo Guevara, jefe del partido opositor Voluntad Popular.
“Hay quienes plantean que hay que llevarlo (el gobierno interino) al mínimo. Hay una propuesta más bien que es que hay que mantener las áreas estratégicas”, señaló el diputado, quien señaló que no se han tomado decisiones firmes y las conversaciones están en curso.
Guaidó y sus aliados han dicho que seguirán insistiendo en que son parlamentarios legítimos incluso después del 5 de enero, argumentando que su mandato constitucional permanece intacto porque la votación del domingo está amañada.
En privado, algunos legisladores han expresado su preocupación de que puedan ser arrestados o que la policía allane sus casas si intentan reclamar un mandato después de enero.
Movimientos similares respaldados por el gobierno ya han obligado a decenas de legisladores a abandonar el país por cargos como traición en procesos judiciales que, según diplomáticos y grupos de derechos humanos, carecen de garantías.
“Si dices que eres diputado te colocas en un línea de tiro para que te persigan”, dijo un parlamentario de un importante partido opositor que pidió no ser identificado.
Maduro acusa con frecuencia a los legisladores de robar fondos de cuentas gubernamentales en el extranjero y buscar desestabilizar su gobierno.
Aunque Guaidó no controla ninguna institución estatal en Venezuela, su equipo ha nombrado aliados para supervisar los activos extranjeros de la petrolera estatal PDVSA, que incluye a la refinería estadounidense Citgo.
La oposición también recibió el control nominal de 342 millones de dólares en fondos en Estados Unidos, cuentas que fueron congeladas al gobierno de Maduro, aunque las restricciones del Departamento del Tesoro sobre el uso de ese dinero se convirtieron en una fuente de frustración.
