Fue liberado el cabo primero de la extinta Policía Metropolitana, Arube Pérez Salazar, luego de cumplir la pena de 17 años y 10 meses de prisión que le fue impuesta por la jueza Marjorie Calderón, en un juicio que su defensa siempre tildó de amañado y violatorio del debido proceso.
Sur Florida / Crónica
Hacia el final de la tarde de este lunes 15 de febrero, tanto la defensa de Pérez, como sus allegados y la ONG Fundepro, confirmaron la llegada de la boleta de excarcelación a las instalaciones de Ramo Verde, donde el expolicía cumplió su condena completa.
“Ya en libertad plena el preso politico Arube Pérez, tras cumplimiento completo de la pena impuesta de 17 años y 10 meses. Bienvenido a la libertad Arube”, publicó la ONG Fundepro en su cuenta Twitter, pasadas las 5:00 de la tarde de hoy.
Pérez era candidato a recibir beneficios procesales de libertad condicional por razones de estudio, buena conducta y cumplimiento de la mitad de la pena, desde hace por lo menos ocho años, pero el tribunal de su causa, radicado en el estado Aragua, nunca se los concedió. Tampoco fue escuchado por el tribunal cuando comenzó a sufrir del corazón y su defensa solicitó una medida humanitaria.
Arube Pérez fue uno de los policías metropolitanos que actuaron el 11 de abril de 2002 para repeler la acción de hombres armados (los llamados “pistoleros de puente Llaguno”) que se apostaron en la avenida Urdaneta y dispararon contra una manifestación opositora que se desplazaba por la avenida Baralt.
En abril de 2003, Arube Pérez fue detenido y seis años más tarde, en abril de 2009, fue condenado por homicidio calificado en complicidad correspectiva y uso indebido de armas de fuego a 17 años y 10 meses de prisión en el que es considerado el juicio más largo de la historia judicial de Venezuela.
Arube Pérez fue sentenciado en abril de 2009, cuando tenía 38 años de edad, junto a otros ocho funcionarios:
- El comisario Marco Hurtado, que cumplió íntegra su condena de 16 años y 8 meses de prisión en diciembre de 2019, pero fue liberado dos meses después, en enero de 2020, violando una vez más el debido proceso.
- Los comisarios Lázaro Forero y Henry Vivas, y el sargento Julio Rodríguez, condenados a 30 años de prisión pero que están en libertad por medidas humanitarias desde hace algunos años, derivadas de severos problemas de salud.
- El comisario Iván Simonovis, que fue condenado a 30 años de prisión, de los cuales estuvo en prisión 10 años y otros 5 años en casa por cárcel, hasta que en 2019 se fugó. Actualmente reside en Estados Unidos y es comisionado presidencial del gobierno interino de Juan Guaidó.
- Los agentes Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, también condenados a 30 años de cárcel, quienes permanecen en Ramo Verde, pese a haber cumplido ya la mitad de la condena.
Su defensa siempre denunció que a lo largo del juicio nunca demostró que del arma de Pérez o de las armas de los otros acusados hubieran salido balas homicidas. La jueza que los condenó, Marjorie Calderón, ascendió en el Poder Judicial hasta ser nombrada magistrada del TSJ en el año 2014, cargo que ocupa actualmente.
En septiembre de 2012, el ex magistrado y simpatizante de Hugo Chávez, Eladio Aponte Aponte, publicó una carta notariada desde Costa Rica, donde contó la trama de poder que urdió el encarcelamiento de Pérez y los otros imputados en el caso del 11 de abril. A continuación un fragmento de la carta:
Señores comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Marco Hurtado, Héctor Rovain:
Es un deber inaplazable confesar ante ustedes, y ante todos, que he cometido el pecado de haber transmitido a los jueces que los juzgaron, la orden de condenarles a 30 años de prisión a como diera lugar. Yo estaba cumpliendo instrucciones directas del presidente Hugo Chávez Frías, quien así me lo ordenó.
Ordené a la jueza Anabella Rodríguez, del Juzgado 13 de Primera Instancia en Funciones de Control en Caracas, que decretara la orden de captura que le solicitó la fiscal Luisa Ortega Díaz, aun cuando dicha jueza no tenía competencia en el caso que estaba radicado en Maracay. También mantuve comunicación constante con la jueza Marjorie Calderón, de Maracay, y con la fiscal Haifa El Aissami, para que hicieran todo para retrasar el juicio, y así causarles toda clase de penurias con traslados, y para que finalmente se produjera sentencia condenatoria a como diera lugar; sentencia que entregué en formato digital a dicha jueza y que estaba elaborada por uno de mis asistentes. Posteriormente hice lo mismo con los jueces de la Corte de Apelaciones de Aragua, Fabiola Colmenares, Antonio Perillo y Francisco Coggiola, a quienes les entregué de la misma manera la sentencia sobre la apelación que formularon los procesados a través de sus defensores.
Sin embargo, la confesión de Aponte Aponte no trajo consigo una revisión de la condena contra los funcionarios, ni una investigación del Poder Judicial en contra de las personas señaladas en la misma.
