Proteger a los trabajadores del despido y garantizar la libertad de elección fue el objetivo marcado de la sesión especial que culminó la noche del miércoles 17 de noviembre en Tallahassee, con la aprobación de propuestas de ley que limitan el mandato federal sobre la obligatoriedad de las vacunas contra el COVID en Florida.
Sur Florida / diariolasamericas
Los proyectos aprobados por el Congreso estatal en Tallahassee se enviarán al escritorio del gobernador Ron DeSantis para que este lo firme y los convierta en ley.
Las cuatro propuestas legislativas discutidas con carácter urgente en los diferentes comités el Congreso floridano “no podían esperar”, sostuvo a DIARIO LAS AMERICAS la senadora estatal republicana Ileana García.
“De haber esperado, íbamos a enfrentar una crisis. De repente, se iban a quedar sin empleo muchas personas. Aquellas mismas que estuvieron trabajando por nosotros durante el COVID, empleados de las agencias federales, de los hospitales, de los centros de rehabilitación que dependen de los fondos federales, nuestros policías y nuestros bomberos, que estuvieron enfrentando la pandemia. Ahora ellos son los más vulnerables porque desde el Gobierno federal les están diciendo: o te vacunas o te vas”, señaló.
DIARIO LAS AMÉRICAS contactó a la senadora demócrata Annette Taddeo pero su oficina contestó que la legisladora asistía a una reunión y después, a la sesión legislativa y no podría atender la solicitud.
Mandato
El mandato de la Casa Blanca también afectaría a miles de centros de Medicare y Medicaid que ofrecen servicio a personas mayores y ciudadanos sin recursos. El próximo 4 de enero debían tener todos sus trabajadores vacunados. Los centros que violen se arriesgan a perder los fondos.
Es conocida la postura del gobernador Ron DeSantis quien se ha opuesto a todas las imposiciones que, desde su punto de vista, limitan la libertad tanto de los padres a decidir sobre la educación y salud de sus hijos, de los empleados de corporaciones privadas y gubernamentales a decidir si se vacunan o no, así como la prohibición de navegación que, durante un año, pesó sobre la industria de los cruceros.
La sesión legislativa especial fue la respuesta DeSantis a la orden del presidente Joe Biden que obliga a las compañías a vacunar a sus empleados antes del próximo 4 de enero.
Normas
De acuerdo con el contenido de las normas adoptadas, los proyectos de ley 1B y 2B, ‘protegerían de la decisión de no vacunarse a los trabajadores de la empresa privada, ya sea por prescripción médica, por motivos religiosos o si deciden someterse a una prueba contra el COVID de manera regular’.
La norma incluye multas para las empresas que despidan a un trabajador sin permitir dichas excepciones. En el caso de las instituciones públicas, como distritos escolares, prohibiría exigir la vacuna a sus trabajadores como requisito para conservar el empleo.
Además, la propuesta legislativa aprobada es el inicio de la batalla legal contra las nuevas reglas de la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo, que obliga a las empresas con más de 100 empleados exigir a los no vacunados el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados y mostrar cada semana un examen negativo de COVID.
A la vez, la norma exime a las compañías del pago de las pruebas requeridas. De hecho, los legisladores pretenden desarrollar un plan para hacer valer la jurisdicción estatal sobre temas de seguridad y salud ocupacional tanto para empleados gubernamentales como privados.
Según la senadora García, con este movimiento en Tallahassee, “DeSantis pretende crear conciencia. Porque hay muchos empleadores, dependientes de los recursos federales, que no quieren despedir a sus trabajadores. El gobernador quiere mostrar que deberíamos sentarnos a negociar. Todo lo que se hace aquí es para que se abra una negociación”.
Los demócratas consideran que las propuestas legales son gravosas para las empresas y desde el punto de vista de salud son peligrosas para el público. Creen que se trata de un ‘teatro político’ destinado a servir las ambiciones políticas de DeSantis.
Jason Pizzon senador demócrata por North Miami Beach, sostuvo “esto está creando capas adicionales de confusión, de regulación de control”.
La senadora García estableció: “Cuando sufrimos el COVID dimos compensación a todo el mundo que lo necesitó. Ahora, de repente, desde la Casa Blanca culpabilizan a quien trabaja y ha pagado impuestos y quiere ejercer su derecho civil de negarse, por cualquier razón, ya sea por enfermedad, por religión o simplemente porque tiene inmunidad natural. Eso es inaceptable. Nosotros lo que queremos hacer es obviamente mantener a este grupo de personas y a nuestra economía libre”.
“Lo que trata de solucionar esta ley nada tiene que ver con demócratas o republicanos. Se trata de respetar el marco legal existente. Respetar las funciones de las diferentes ramas del gobierno, legislativa, ejecutiva o judicial y la jurisdicción de los diferentes gobiernos, locales, estatales y federal. Se trata de mantener nuestras libertades civiles, que uno decida si se quiere vacunar o no, que el gobierno federal no lo obligue a uno a hacerlo para no ser despedido”.
Y concluyó: “Nos hemos convertido en una sociedad de vacunados y no vacunados, de quien se pone mascarilla y quien no. Eso no puede ser, la gente debe actuar en libertad”.
