El expresidente Donald Trump entabló una demanda contra tres de las compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos, afirmando que él y otros conservadores han sido censurados injustamente. Pero los expertos jurídicos señalaron que las querellas están condenadas al fracaso, dados los precedentes y las protecciones legales existentes.
SurFlorida / AP
Trump anunció las demandas contra Facebook, Twitter y YouTube —que es propiedad de Google_, y contra los directores generales de las compañías: Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y Sundar Pichai, respectivamente, en una conferencia de prensa realizada el miércoles en Nueva Jersey, donde exigió que sus cuentas fueran reactivadas.
Las cuentas de Trump en las plataformas han estado suspendidas desde enero, cuando sus seguidores irrumpieron violentamente en el Capitolio para tratar de impedir que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Las compañías citaron preocupaciones de que Trump pudiera incitar a más violencia y lo han mantenido alejado de sus sitios. Los tres directores generales rechazaron comentar al respecto el miércoles.
“Estamos pidiendo al tribunal federal del distrito sur de Florida que ordene el cese inmediato de la censura ilegal y vergonzosa de las compañías de redes sociales contra el pueblo estadounidense”, comentó Trump sobre las demandas. ”Vamos a hacer que el sector tecnológico rinda cuentas en grande”, añadió.
Twitter, Facebook y Google son compañías privadas, y los usuarios deben aceptar sus términos y condiciones para utilizar sus productos. Bajo la sección 230 de la Ley de la Decencia en las Comunicaciones de 1996, las plataformas de redes sociales tienen permitido moderar sus servicios mediante la eliminación de publicaciones que, por ejemplo, sean obscenas o violen las normas del servicio, siempre y cuando actúen de “buena fe”. La ley también exime generalmente a las empresas de internet de la responsabilidad por el material que los usuarios publican.
Pero Trump y algunos políticos han alegado desde hace tiempo que Twitter, Facebook y otras plataformas han abusado de esa protección y que deberían perder su inmunidad, o al menos reducírsdelas.
La demanda contra Facebook y su director general, Zuckerberg, afirma que Facebook actuó de forma inconstitucional al sacar a Trump de la plataforma. Las demandas contra Twitter y YouTube hacen afirmaciones similares. Las tres piden al tribunal que conceda una indemnización no especificada, que declare inconstitucional la Sección 230 y que restablezca las cuentas de Trump, junto con las de varios otros demandantes que se unieron a las querellas y a los que también se les retiraron publicaciones o cuentas.
Sin embargo, es probable que las demandas de Trump estén condenadas al fracaso, de acuerdo con Eric Goldman, profesor de derecho en la Universidad de Santa Clara en California y quien ha estudiado más de 60 querellas similares que pretendían enfrentarse a las empresas de internet por eliminar o suspender las cuentas de los usuarios pero fracasaron.
“Han argumentado todo lo habido, incluida la Primera Enmienda, y no llegan a ninguna parte”, señaló Goldman. “Quizás tenga un truco bajo la manga que le dé una ventaja sobre las decenas de demandas que fueron entabladas antes. Lo dudo”, acotó.
“La demanda de Trump está muerta de origen”, coincidió Paul Barrett, subdirector del Centro de Negocios y Derechos Humanos en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stern.
Barrett dijo que Trump estaba malinterpretando fundamentalmente la Constitución. “La Primera Enmienda se aplica a la censura gubernamental o a la regulación del discurso. No impide que las empresas del sector privado regulen el contenido de sus plataformas”, señaló en un correo electrónico. “De hecho, Facebook y Twitter tienen el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda para determinar qué discurso proyectan y amplifican sus plataformas, y ese derecho incluye excluir a los oradores que incitan a la violencia, como lo hizo Trump en relación con la insurrección del Capitolio del 6 de enero”, añadió.
Goldman dijo que sospechaba que el equipo jurídico de Trump sabe que no va a ganar en la corte, y mencionó que quizás Trump esté buscando llamar la atención con las demandas.
De hecho, el comité de acción política de Trump ya estaba recaudando dinero con el anuncio el miércoles por la tarde.
Como presidente, Trump firmó el año pasado una orden ejecutiva que refutaba la sección 230, lo cual fue considerado una medida simbólica.
“Siempre se trató de enviar un mensaje a sus seguidores de que están luchando en su nombre contra los malvados gigantes tecnológicos de Silicon Valley”, dijo Goldman.
