Un tribunal de apelación argentino descartó el martes la existencia de una banda organizada desde la cúpula de los servicios de inteligencia que operaban durante la presidencia de Mauricio Macri para espiar de forma ilegal a políticos, periodistas y sindicalistas.
Sur Florida / AP
En un fallo que salpica favorablemente a Macri (2015-2019), la Cámara Criminal y Correccional Federal decidió revocar los procesamientos por supuesta asociación ilícita para realizar espionaje ilegal que un juez había dictado en febrero a Gustavo Arribas, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia y hombre muy cercano al expresidente-, y a Silvia Majdalani, quien ejerció como segunda de ese organismo. Asimismo, dictó la falta de mérito (falta de pruebas incriminatorias) para ambos acusados.
La cámara también descartó que se hubiera realizado espionaje ilegal en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, antecesora de Macri y actual vicepresidenta, y en el Instituto Patria que encabeza la dirigente peronista.
El fallo de los tres jueces del tribunal -que votaron de forma dividida- puede ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, el mayor tribunal penal del país.
“Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita”, dijo la Cámara Federal al revocar los procesamientos dictados en primera instancia.
Para el tribunal, sólo se pudieron corroborar seguimientos irregulares realizados por cerca de una decena de agentes que aparentemente actuaron por su cuenta y “movidos por intereses personales”. Ello determinó a su vez el procesamiento de Majdalani por incumplimiento de deberes de funcionaria pública al considerar que no controló a los agentes a su cargo.
Sin embargo, los jueces señalaron que es necesario profundizar la pesquisa para establecer los alcances que tuvo la actividad desplegada por los agentes que averiguaban sobre desplazamientos y viajes, así como con quiénes se entrevistaba Fernández de Kirchner y con qué propósitos.
Entre los políticos espiados ilegalmente hay dirigentes que entonces eran afines al gobierno de Macri y hoy militan en filas opositoras. También sindicalistas y reconocidos periodistas.
El exmandatario se ha visto involucrado en investigaciones por supuesto espionaje ilegal. El 1 de diciembre fue acusado formalmente de haber ordenado esas tareas de seguimiento a familiares de las víctimas del hundimiento de un submarino en 2017. En 2009 fue procesado por espiar a miembros de su familia y a empresarios, entre otros, cuando era alcalde de Buenos Aires. Tras asumir como presidente en 2015, el fiscal que investigaba el caso desistió de continuar la acción penal.
