Nadie estaba encantado con los cambios de seguros que se aprobaron el último día de la sesión de primavera de la Legislatura de Florida, ni la industria de seguros ni los abogados de los consumidores.
SurFlorida – SunSentinel
Las aseguradoras no llegaron a matar la ley que les exige, y no a sus clientes, pagar para reemplazar los techos dañados. Si no se cambia la ley, las tasas de seguro aumentarán, advierten.
Los abogados no pudieron evitar nuevas restricciones sobre cómo se les paga cuando demandan a las compañías de seguros, lo que provocó advertencias de que los consumidores tendrán que pagar a los abogados por adelantado si quieren demandar.
Se desarrollaron meses de debate sobre cómo los legisladores podrían ayudar a evitar las tasas de seguro altísimo en Florida.
En el camino, muchos otros cambios aprobaron a la Legislatura antes de que se cerrara la sesión el viernes que traerá cambios significativos al seguro de automóvil, plazos de presentación de reclamaciones, sobornos de contratistas, aumentos de tarifas por parte de Citizens Property Insurance Corp. administrado por el estado y más.
Los proyectos de ley van a continuación al gobernador. Escritorio de Ron DeSantis. Salvo veto, se promulgarán como ley el 1 de julio. Esto es lo que los consumidores necesitan saber sobre ellos:
La derogación del seguro de automóvil sin culpa aumentará los costos para algunos, los reducirá para otros
Los automovilistas que han estado tirando los dados comprando la cantidad mínima de seguro de automóvil requerido para registrar sus vehículos – $10,000 en protección contra lesiones personales – tendrán que pagar más para cubrir las lesiones a otros automovilistas. Los propietarios de vehículos ahora deben comprar cobertura de responsabilidad civil que pagará al menos $25,000 por ocupante y $50,000 por incidente.
El nuevo requisito podría aumentar los costos del seguro hasta en un 50% para aquellos que compran la cobertura mínima sin culpa, dijo el Sen. Jeff Brandes, que votó en contra del proyecto de ley. Pero los conductores que ya están pagando por la cobertura de responsabilidad social probablemente verán reducidos sus costos porque ya no se les pedirá que compren la póliza PIP de 10.000 dólares, que se considera redundante para los automovilistas que ya tienen seguro médico.
Los automovilistas tendrán la opción de comprar $5,000 o $10,000 en cobertura por lesiones a sí mismos. Los partidarios dicen que esta opción sería útil para los conductores que de otra manera no tendrían seguro médico.
En una declaración publicada el viernes, la Federación de Seguros Personales de Florida instó a DeSantis a vetar el proyecto de ley, diciendo que los aumentos de costos resultarán en que más conductores de bajos ingresos renuncie por completo al seguro. Aproximadamente uno de cada cinco automovilistas de Florida no tiene seguro.
Restricciones más estrictas a los contratistas de techos, ajustadores públicos
Una propuesta muy debatida que habría permitido a las aseguradoras cambiar la cobertura completa de reemplazo de techos con cobertura limitada para techos de 10 años o más no sobrevivió a la sesión. La industria de seguros quería reemplazar la cobertura de reemplazo de techo completo, que afirman está generando millones de dólares en pérdidas, con una cobertura parcial de techo que requeriría que los propietarios de techos más antiguos pagaran una gran parte de sus costos de reemplazo.
Las aseguradoras solicitaron el cambio para combatir a las compañías de techos que dicen que ofrecieron incentivos a los propietarios dispuestos a permitirles inspeccionar sus techos en busca de daños que pudieran culpar a huracanes pasados.
El código de construcción de Florida requiere la sustitución de techos enteros si más del 25% está dañado, y las aseguradoras sostienen que los contratistas están explotando el requisito culpando al desgaste normal de huracanes o tormentas de granizo para justificar las reclamaciones de reemplazo completas.
La versión final del proyecto de ley prohíbe a los contratistas hacer publicidad, ofrecer realizar o realizar servicios de ajuste público a menos que tengan licencia como ajustadores públicos. Eso significa que los contratistas no pueden inspeccionar los daños para determinar si podrían estar cubiertos por el seguro o realizar cualquier función relacionada con la presentación de una reclamación.
Las aseguradoras se han quejado durante mucho tiempo de los contratistas de techos que anuncian su capacidad para ayudar a presentar reclamaciones de techos y obtener nuevos techos financiados con pocos o ningún costo de bolsillo para los consumidores.
A los ajustadores públicos, a los que se les permite inspeccionar daños y presentar reclamaciones, se les prohibirá ofrecer a los propietarios cualquier cosa de valor para permitir que los contratistas o ellos mismos inspeccionen un techo en busca de daños o presenten una reclamación de seguro para el techo.
Los ajustadores públicos también tienen prohibido aceptar el pago de contratistas o abogados. Esto tiene la intención de eliminar la capacidad de los ajustadores públicos que trabajan como “consultores de pérdidas” para bufetes de abogados que se especializan en demandar a las aseguradoras.
Un proyecto de ley separado faculta al Departamento de Servicios Financieros para imponer multas a los contratistas que actúan como ajustadores de reclamaciones.
Brandes, un republicano del área de Tampa, que apoyó la propuesta de reemplazo de techo, dijo que si no se incluye en el importante proyecto de ley de reforma de seguros de la Legislatura mantendrá las tarifas para la cobertura del mercado privado inasequibles y conducirá a más consumidores a Citizens Property Insurance Corp., de propiedad estatal, que dijo, está creciendo a tasas insostenibles.
Brandes dijo que sin el cambio de cobertura de techo deseado por las aseguradoras, las medidas que aprobaron la Legislatura este año ascendieron a solo “una solución del 40% para lo que se necesita en Florida para doblar potencialmente la curva de costos”.
A pesar de que la disposición de reemplazo de techo fue eliminada del proyecto de ley final, los consumidores deben saber que algunas aseguradoras están buscando autorización de los reguladores de seguros estatales para ofrecer cobertura de techo de “valor en efectivo real” para casas más antiguas que de otra manera no estarían dispuestas a asegurar. Otros están vendiendo la cobertura reducida del techo con pólizas de vivienda / incendio.
Cualquiera de las opciones potencialmente expondría a los propietarios a altos costos de bolsillo, incluido su deducible, si sus techos deben ser reemplazados.
El plazo para presentar reclamaciones se redujo a dos años
La preocupación de que se presenten demasiadas reclamaciones por daños causados por huracanes mucho después de que hayan pasado las tormentas llevó a los legisladores a reducir el plazo para las reclamaciones de tres años a dos años. Aunque originalmente estaba destinado a abordar solo las reclamaciones por huracanes, la versión final crea un plazo de dos años desde el momento de la pérdida para todo tipo de reclamaciones, al tiempo que permite un año adicional para presentar reclamaciones complementarias por daños que se producen durante las reparaciones o que no son aparentes cuando se notifica por primera vez.
Las aseguradoras dijeron que demasiadas reclamaciones “cuestionables” vinculadas al huracán Irma se presentaron en el tercer año después de la tormenta, mientras que los partidarios de la reducción argumentaron que dos años es tiempo suficiente para que los propietarios identifiquen y reporten las pérdidas de tormenta.
Diez meses después de que Irma golpeara en septiembre de 2017, los reguladores de seguros estatales reportaron reclamaciones con pérdidas aseguradas estimadas por un total de $9.700 millones. Para junio de 2020, con la fecha límite de presentación acercándose en septiembre, el recuento estimado de pérdidas se había duplicado a 17.400 millones de dólares. Para noviembre de 2020, el número había aumentado en otros 3.300 millones de dólares.
Las aseguradoras deben recibir una notificación de demanda de 10 días
Los asegurados deben avisar a las aseguradoras con 10 días de antelación antes de presentar la demanda, presumiblemente para dar tiempo a las aseguradoras para corregir los problemas en disputa.
Las primeras versiones del proyecto de ley habrían dado a las aseguradoras un aviso de 60 días, pero los opositores dijeron que eso habría añadido demasiado tiempo a retrasos ya largos antes de que comiencen las reparaciones. La ley actual ya da a las aseguradoras 90 días para determinar si cubrir las pérdidas, y la factura prohíbe los avisos previos a la demanda hasta que las aseguradoras tomen sus decisiones de cobertura.
Se levanta el límite de aumento de tarifas para el Seguro de Propiedad de los Ciudadanos
La “aseguradora de último recurso” de propiedad estatal se ha convertido en la primera opción de demasiados propietarios sorprendidos por los aumentos de precios de sus aseguradoras. A diferencia de los operadores del mercado privado, los ciudadanos pueden aumentar las tarifas para sus clientes hasta en un 10% al año. Como resultado, Ciudadanos se ha convertido en una opción atractiva en comparación con las empresas que han aumentado sus tarifas hasta en un 40% en los últimos meses.
Y eso está alarmado por los legisladores de que si Citizens, que actualmente crece en 5.000 pólizas a la semana, se vuelve demasiado grande, su superávit de 7 mil millones de dólares se agotaría, dejando a todos los clientes de seguros en el estado vulnerables a evaluaciones especiales para compensar cualquier déficit.
Un proyecto de ley del Senado patrocinado por Brandes habría aumentado los costos de las primas de los ciudadanos en un 15% inmediatamente hasta un 25% si el recuento de políticas de la compañía superara los 1,5 millones. Pero nunca surgió un proyecto de ley complementario de la Cámara de Representantes, y sobrevivió una versión más suave que aumenta el aumento máximo de la tasa anual del 10% actual en un 1% cada año hasta que alcanza el 15% para 2026.
Los asegurados tienen 10 días para cancelar los contratos públicos de ajuste
Los propietarios de viviendas insatisfechos con su decisión de contratar a un ajustador público para que los represente al presentar su reclamo con su aseguradora ahora tienen 10 días para cancelar su contrato con el ajustador. La ley actual permite tres días. El aviso de cancelación debe enviarse por correo certificado, recibo de devolución solicitado u otras formas de correo que proporcionen pruebas de que fue entregado.
Las versiones originales del proyecto de ley habrían requerido un aviso previo al traje de 60 días. Pero los abogados demandantes respondieron que las aseguradoras ya tienen 90 días para decidir si una reclamación está cubierta. Requerir un aviso adicional de 60 días antes de que se pueda presentar una demanda que disputa la decisión de una aseguradora retrasaría injustamente las reparaciones, dijeron.
Se reducen los incentivos a los honorarios de los abogados
Las aseguradoras se han quejado durante mucho tiempo de la llamada disposición de honorarios de abogados unidireccionales en la ley estatal que, según dicen, alienta las demandas al permitir que los abogados facturen a las aseguradoras por todos sus honorarios si recuperan tan solo $1 más de lo que la aseguradora ofrece originalmente.
Sustituir esa disposición es aquella que requiere que los asegurados paguen los honorarios de su abogado si la demanda recupera menos del 20% de la diferencia entre lo que la aseguradora ofrece y el asegurador exige. Si la demanda recupera entre el 20% y el 50% de esta diferencia, la aseguradora paga los honorarios del abogado multiplicados por la diferencia porcentual. Las aseguradoras pagarán los honorarios completos del abogado solo si la demanda resulta en un acuerdo que exceda el 50% de la diferencia.
Las aseguradoras sostienen que la tarifa unidireccional ha causado que los litigios aumenten drásticamente en la última década, mientras que los abogados responden que las demandas no serían necesarias si las aseguradoras pagaran las reclamaciones de manera rápida y justa.
El senador. Gary Farmer, un abogado de demandantes con sede en Fort Lauderdale y crítico frecuente de la industria de seguros, dijo que las restricciones de honorarios de abogados dejarán a los propietarios incapaces de obtener ayuda legal de los abogados que actualmente toman casos sobre una base de contingencia.
Farmer se burló de las quejas de las aseguradoras de que los litigios fuera de control están amenazando la estabilidad financiera de la industria como una “crisis completamente fabricada”. Las aseguradoras ocultan las ganancias en las sociedades holding y otras empresas afiliadas, dijo.
“El proyecto de ley [que restringe los honorarios del abogado] reduce las herramientas para ayudar al pequeño y a la niña a enfrentarse a Golaith”, dijo.
Independientemente de quién tenga la culpa, hay poco desacuerdo en que el aumento de los costos legales amenaza la asequibilidad del seguro.
Un estudio del consultor de seguros Guy Fraker a principios de este año encontró que de los 15 000 millones de dólares gastados en reclamaciones en Florida que dieron lugar a demandas desde 2015, solo el 8 % fue a los asegurados para reparar daños. Los abogados demandantes obtuvieron el 71% y las aseguradoras pagaron a sus abogados defensores el otro 21%.
