El gobierno del estado de Texas y el gobierno del presidente Joe Biden se enfrentan cada vez más en los tribunales.
Sur Florida / AP
Primero fue por la aplicación de medidas represivas en la frontera con México. Después, una ley de Texas que prohíbe casi todos los abortos. Esta semana, después que el Departamento de Justicia exhortó a la Corte Suprema a bloquear la ley de aborto más restrictiva del país, el secretario de Justicia Merrick Garland inició otra demanda contra el estado republicano más grande del país, en este caso por nuevas leyes de votación, más restrictivas.
Ahora que las prioridades de política interior de Biden siguen estancadas a pesar de que su partido controla el Congreso, su gobierno trata de derribar los pilares de una agenda de ultraderecha que el partido republicano hizo aprobar en Texas el año pasado. Esto podría significar un impulso para los demócratas, que buscan una victoria de cara a las elecciones en 2022 en medio de un panorama que se les presenta adverso.
Sin embargo, los demócratas aún no logran aprobar las amplias leyes federales que desean y la mayoría conservadora en la Corte Suprema podría ser un obstáculo definitivo.
Aunque los jueces señalaron el lunes que permitirán a los proveedores de servicios de aborto de Texas impugnar ante los tribunales la controvertida ley que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado desde septiembre, no quedó claro si dejarán que las restricciones sigan vigentes por ahora.
“Parece que cada ley dañina en el estado de Texas acaba en un tribunal federal”, dijo el legislador estatal demócrata Trey Martínez Fischer. “Los republicanos tienen en sus manos todas las palancas del gobierno en el estado de Texas. Si quisieran festejar la Navidad en el mes de abril, tienen los votos necesarios, pero el hecho de tener los votos no significa que sea así”.
Los republicanos de Texas dicen que sus leyes son legales y el gobernador Greg Abbott reaccionó desafiante ante la última demanda con un tuit: “Adelante”.
Según cuál es el partido en la Casa Blanca, los estados grandes se han convertido en centros de resistencia.
California inició orgullosamente más de 120 demandas contra el gobierno de Donald Trump. Durante el gobierno de Barack Obama, Abbott provocó una ovación cuando dijo que su trabajo anterior de procurador general consistía en demandar al gobierno federal e irse a casa.
Menos de una semana después de la juramentación de Biden, Texas retomó con entusiasmo el papel de principal antagonista a un presidente demócrata, al entablar una demanda contra una moratoria de 100 días del gobierno federal de las deportaciones.
Desde entonces Texas ha demandado al gobierno de Biden a cada vuelta de hoja: el viernes lo hizo ante la orden que obliga a las empresas privadas a exigir la vacunación de su personal contra el COVID-19.
“La nueva orden del gobierno de Biden a los negocios privados sobre la vacunación es un abuso abrumador del poder federal”, dijo el fiscal general de Texas, el
republicano Ken Paxton, Calificó la orden de “lisa y llanamente anticonstitucional”.
La demanda más reciente del gobierno de Biden contra Texas, el jueves, ataca los fundamentos de una reforma electoral republicana que sobrevivió a meses de protestas demócratas e incluso un boicot de 38 días que paralizó el capitolio estatal durante el verano.
Texas es uno de al menos 18 estados que han aprobado nuevas restricciones electorales desde la elección de 2020, según el instituto de investigaciones Brennan Center for Justice. Las leyes fueron parte de una campaña republicana a nombre de una llamada seguridad electoral, impulsada en parte por las denuncias del expresidente Donald Trump de que le robaron la elección.
El gobierno de Biden también demandó a Georgia por sus nuevas leyes electorales, pero el objetivo mayor de los demócratas sigue fuera de su alcance: nuevas leyes electorales federales que consideran necesarias para contrarrestar la oleada de iniciativas republicanas. Estos proyectos de ley no han podido superar la oposición de los senadores republicanos, que los consideran un abuso de poder.
El lunes, los jueces de la Corte Suprema no parecían convencidos de que la demanda del Departamento de Justicia contra la ley de aborto texana pudiera proceder. La jueza Elena Kagan sugirió en cambio que un fallo a favor de los proveedores permitiría al alto tribunal soslayar aspectos difíciles del poder federal.
Más de un centenar de fiscales y exjueces firmaron un documento en oposición a la ley con el argumento de que la ley de Texas permitiría a los estados esquivar la ley federal.
“Por tratarse de Texas, significa que afecta a más mujeres”, dijo Miriam Krinsky, directora ejecutiva del grupo Fair and Just Prosecution, que presentó el documento. “Pero si algún estado hubiera optado por presentar este tipo de montaje ilegal, creo que habríamos encontrado mucha gente consternada en todo el país dispuesta a reunirse y pronunciarse”.
