El proceso de extradición a Estados Unidos de una ejecutiva del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei se reanudó este lunes en un tribunal de Vancouver, donde sus abogados podrían hacer testificar por primera vez a policías y aduaneros que participaron en su arresto a finales del 2018.
Sur Florida/Diario Las Américas
Portando mascarilla, la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, llegó a la Corte Suprema de la Columbia Británica para una nueva semana de audiencias.
Meng Wanzhou fue arrestada cuando realizaba una escala en Vancouver el 1ro de diciembre del 2018, requerida por las autoridades estadounidenses por haber sorteado supuestamente sus sanciones contra Irán.
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La defensa de Meng tratará de convencer una vez más al juez de que los derechos de su cliente fueron vulnerados al ser interrogada durante tres horas por los agentes de aduanas canadienses sin saber de qué se le acusaba antes de ser oficialmente detenida.
Sus abogados denuncian igualmente que los aparatos electrónicos que le fueron requisados, especialmente su celular y computador portátil, fueron enviados al FBI estadounidense, lo que constituye según ellos una violación de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
Los abogados de Meng aseguran que las autoridades de ambos países norteamericanos “conspiraron para retrasar el arresto de Meng e intentaron obtener informaciones que ayudaran a las autoridades estadounidenses a procesarla por fraude”.
Para respaldar sus argumentos, la defensa debe hacer testificar a los agentes de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC) y de la Gendarmería Real de Canadá (GRC, policía federal) que arrestaron a Meng en el aeropuerto de Vancouver.
Otros expertos podrían ser llamados a comparecer a finales de noviembre, cuyos testimonios podrían usarse durante una audiencia prevista en febrero sobre las alegaciones de abuso de proceso.
Los letrados de la ciudadana china defendieron anteriormente alegaciones en este sentido para solicitar el acceso a los documentos secretos que, según ellos, demuestran la existencia de un complot entre el FBI y las autoridades canadienses. Un montaje que, de lograrse demostrar, podría derivar en la anulación del proceso de extradición.
