La legisladora republicana por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, dejó en claro su oposición a que EE.UU. libere ayuda económica a Nicaragua, como medida de presión por el presunto fraude electoral en ese país.
Ros-Lehtinen, que preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., instó al Departamento de Estado en un comunicado a que piense bien antes de autorizar dos “exenciones” o “waivers” para allanar el camino hacia la entrega de ayuda para el desarrollo en Nicaragua.
El mes pasado, Ros-Lehtinen también dejó de manifiesto su oposición a un aumento de la asistencia para el desarrollo para Nicaragua dentro de la propuesta presupuestaria del presidente Barack Obama para el año fiscal 2013, que comienza en octubre próximo.
“Cinco meses después de unas elecciones fraudulentas,
la Administración Obama continúa ignorando las graves amenazas a la democracia en Nicaragua bajo Daniel Ortega. Depende de la Administración Obama justificar el uso de estas dos exenciones al documentar cómo es que éstas avanzan los intereses y prioridades de EE.UU.”, dijo Ros-Lehtinen.
“No creo que estas exenciones devolverán la democracia, transparencia y el imperio de la ley a Nicaragua”, enfatizó Ros-Lehtinen, cuyo distrito electoral incluye a la comunidad nicaragüense en el sur de Florida.
Ros-Lehtinen consideró que el Gobierno de EE.UU. tiene que dejar claro al régimen del presidente Ortega “que sus acciones del año pasado en violación de la Constitución nicaragüense son inaceptables”.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, tiene de plazo hasta finales de julio próximo para justificar el otorgamiento de los dos “waivers”, uno relacionado con la transparencia fiscal y con la propiedad, para que de esa manera Estados Unidos continúe la ayuda económica a Nicaragua.
La exención relacionada en concreto con la confiscación de prioridades prohíbe que EE.UU. desembolse asistencia económica o dé apoyo a través de las instituciones financieras internacionales a países que hayan confiscado propiedades sin compensación alguna a ciudadanos estadounidenses.
Según EE.UU., el Gobierno de Managua tiene un total de 383 casos de propiedades confiscadas pendientes de resolución, mientras que la procuraduría nicaragüense registra una cifra oficial de 178. Las autoridades de Nicaragua han indicado que el Gobierno de Ortega ha pagado 69,8 millones de dólares en indemnizaciones en los últimos cinco años.
La segunda exención está relacionada con la transparencia fiscal de los países que reciben apoyo de EE.UU.
Esa medida prohíbe que tanto el Departamento de Estado como la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) ofrezcan asistencia económica bilateral o para seguridad si un Gobierno extranjero se niega a divulgar su presupuesto nacional.
Para EE.UU. es importante que el país rinda cuentas sobre cómo se gasta la asistencia económica que recibe del exterior, con el objetivo de garantizar la transparencia en el manejo de fondos.
La mayor parte del dinero en cuestión para Nicaragua está destinada a grupos de la sociedad civil, por lo que el monto de ayuda directa al Gobierno es pequeño. (EFE)
