La autoridad electoral mexicana anunció que se revisarán los votos de al menos 54,5% de las urnas de la elección presidencial del domingo cuyos resultados preliminares daban ganador a Enrique Peña Nieto, del opositor PRI, al que la izquierda tildó de “impostor”.
Peña Nieto, cuyo triunfo fue reconocido por varios gobiernos sobre la base de un conteo preliminar, fue calificado el miércoles como “impostor” por el jefe de campaña de la izquierda, Ricardo Monreal, que reiteró la denuncia de que millones de votos fueron comprados con tarjetas comerciales.
“No hay presidente electo (…) y quien se haga pasar por este título es un impostor”, dijo a una radio Monreal, cuyo candidato, Andrés Manuel López Obrador, el martes denunció que “no hubo una elección justa y transparente”.
Al inicio del computo oficial de las actas de escrutinio, el Instituto Federal Electoral (IFE) señaló que recontará los votos de 54,5% de las urnas de la presidencial, 61,3% de senadores y 60,3% de diputados.
López Obrador, al igual que hizo en 2006 cuando perdió por estrecho margen, había pedido un recuento de todas las urnas.
El cómputo final, cuyo resultado el IFE estimó anunciar este jueves, debe corroborar si es correcto el resultado preliminar que daba a Peña Nieto la victoria con 38,15% de los sufragios, seguido por López Obrador con 31,64%.
Una vez sea notificado del computo final, el Tribunal Electoral podrá dar curso a las impugnaciones y tendrá hasta el 6 de septiembre para proclamar ganador, en dos meses que se anticipan cargados de confrontación.
Monreal ya señaló que recusará al presidente del Tribunal, Alejandro Luna, por declaraciones antes de los comicios y haber sido parte de los magistrados “que han avalado el fraude” en 2006.
Grupos de manifestantes se congregaron afuera de las instalaciones electorales para reclamar transparencia.
Pero el PRI se muestra convencido del triunfo. “Si vuelven a contar los votos (igual) vamos a ganar”, ripostó Luis Videgaray, coordinador de la campaña.
“Estoy convencido que (el computo final) se va a apegar a lo que fue el conteo preliminar que ya conocemos”, enfatizó Peña Nieto.
El expresidente Vicente Fox, que arrebató el poder al PRI en 2000 y esta vez pronosticó que Peña Nieto vencería, volvió a causar debate al pedir “cerrar filas en torno al Presidente electo sin vacilación”.
López Obrador anticipó que impugnará ante el Tribunal, denunciando que hubo una campaña mediática en contra y que el PRI, a través de los gobiernos estatales, rompió el límite de financiación y gastó millones de pesos para comprar votos.
Las denuncias de compra de votos se reforzaron con imágenes en la prensa de largas colas en supermercados de personas que, según la izquierda, querían hacer efectivas tarjetas prepago repartidas por el PRI.
“Se presentaron compras de pánico, con miles, millones, de tarjetas de personas que iban a cobrar” su voto, afirmó el coordinador de la campaña de la izquierda Monreal.
La cadena Soriana, afectada por las denuncias, las tachó en un aviso de prensa de “absolutamente falsas” y señaló que las tarjetas corresponden a un plan de descuento y puntos “y en ningún momento se les ha depositado dinero”.
Protección Civil reportó el miércoles el cierre preventivo de dos tiendas en el populoso sector de Izatapalapa, este de la capital, tras una masiva afluencia.
“Ni la campaña de Enrique Peña Nieto, ni el PRI tienen alguna relación con esas tarjetas”, dijo por su parte Eduardo Sánchez, portavoz de la campaña.
El incremento de los reclamos de la izquierda hace revivir lo ocurrido en 2006, cuando López Obrador desconoció su cerrada derrota ante Felipe Calderón y sus seguidores bloquearon por semanas el Paseo Reforma, paralizando en parte la capital.
“El tono se está endureciendo. No van a reconocer el fallo del tribunal por lo visto”, dijo a la AFP el politólogo José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica.
Los analistas coinciden, sin embargo, en que los reclamos tendrán que ser más puntuales que entonces.
“De nada valen las denuncias de que hubo una elección muy inequitativa si no se pueden demostrar con arreglo a las leyes electorales”, señaló Carlos Gallego, del postgrado en análisis coyuntural de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tras la reforma electoral de 2008 se exige para declarar nula una elección demostrar irregularidades que afecten una cuarta parte de las urnas.
“Va a ser difícil comprobar en 25% de casillas que la compra de votos fue determinante”, señaló Crespo.
Aun si se confirma la victoria presidencial, el camino para garantizar gobernabilidad aparece complicado para el PRI, cuyo largo régimen (1929-2000) fue identificado con corrupción y clientelismo.
Al reclamo sobre legitimidad en la elección se añade que un caudal de votos menor al proyectado en las encuestas (que le daban hasta 17 puntos porcentuales de ventaja) y no haber obtenido mayoría absoluta en el Congreso.
El PRI tendría 226 de 500 diputados y 61 de 128 senadores, lo que obligaría a Peña Nieto, quien tras los comicios recalcó que el regreso del PRI no es un “retorno al pasado”, a negociar con el congreso que asume en septiembre -tres meses antes de comenzar el periodo presidencial- las reformas tributaria, laboral, de seguridad social y energética, que propuso en su campaña. (AFP)
