El director encargado de investigar delitos electorales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Richard Pilger, dimitió el lunes por la noche tras la orden del fiscal general, William Barr, de investigar el supuesto fraude en los comicios presidenciales.
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“Habiéndome familiarizado con la nueva norma y sus ramificaciones (…) lamentablemente debo renunciar a mi cargo como director de la División de Crímenes Electorales”, anunció Pilger en una comunicación interna filtrada a medios estadounidenses.
Pilger, además, lamentó que la orden de Barr “deroga una norma de 40 años de no interferencia (federal) en investigaciones de fraude electoral durante el periodo anterior al de certificación de las elecciones”.
Esta dimisión llega después de que Barr criticase este lunes el papel de la división de Pilger e instruyese a todos los fiscales del Departamento de Justicia a investigar supuestas irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales antes de que los resultados sean definitivos.
“Autorizo a investigar denuncias sustanciales de irregularidades en el voto o en la tabulación del voto antes de la certificación de las elecciones en sus jurisdicciones en ciertos casos, como ya he hecho yo en instancias específicas”, dijo Barr en un memorando a sus fiscales.
“Dichas investigaciones y revisiones pueden realizarse si existen denuncias claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían potencialmente afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto”, añadió.
El fiscal general (ministro de Justicia) del presidente, Donald Trump, instruyó también a sus fiscales que descarten denuncias de casos que, de ser ciertos, no afectarían al resultado final, ya que estos pueden retomarse una vez certificados los resultados.
En el memorando, Barr mostró su preocupación por los protocolos existentes en el Departamento para una investigación de este tipo, que señalan específicamente que no deben activarse hasta que los resultados son oficiales.
Barr consideró estos protocolos, a los que aludió Pilger en su dimisión y que tienen como objetivo que sean los estados y no el Gobierno federal quien decida las elecciones, “pasivos y demorados”, y dijo que “pueden dar lugar a situaciones en las que una mala conducta electoral no pueda rectificarse de manera realista”.
Con esta orden, Barr puso a los fiscales federales al servicio de la estrategia de Trump, que no ha reconocido su derrota en los comicios de la semana pasada frente al presidente electo, Joe Biden, y denuncia sin pruebas un fraude electoral de grandes dimensiones.
La campaña del mandatario saliente y el Partido Republicano han interpuesto más de una decena de demandas -algunas ya retiradas- en varios estados denunciando supuestas irregularidades, pero aunque esos casos fuesen ciertos no parecen ser suficientes para revertir el resultado.
Para ganar las elecciones en los tribunales, Trump debería darle la vuelta al escrutinio en Pensilvania, Georgia y Nevada o Arizona, todos ellos estados en los que Biden ya ha sido declarado ganador o lidera el escrutinio de forma clara.
