El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, declaró el domingo el estado de emergencia por una ola de violencia contra las mujeres, una medida que los activistas locales han exigido durante años para atender una crisis que continúa en gran parte impune.
Surflorida/ENH
La declaración de emergencia pide una serie de políticas de amplio alcance para combatir los feminicidios y otras formas de violencia. La orden ejecutiva fue aclamada por activistas como un paso importante para abordar un problema de largo plazo y que volvió a ser el centro de atención después de un asesinato reciente.
“La violencia de género es un mal social, basado en ignorancia y actitudes que no pueden tener espacio ni tolerancia en el Puerto Rico que aspiramos”, dijo Pierluisi en un comunicado de prensa. “Es mi deber y mi compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género y ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia”.
Como parte de la orden, se creará una aplicación móvil para ayudar a las víctimas a denunciar a sus agresores a los servicios de emergencia. Las autoridades crearán un programa para comunicarse con las mujeres que hayan presentado órdenes de restricción. Y el gobierno lanzará campañas en los medios para educar al público sobre la violencia de género.
Un oficial de cumplimiento se encargará de garantizar que se siga la orden, mientras que un comité que incluye grupos de derechos locales simultáneamente recomendará políticas públicas, supervisará la implementación y publicará informes de progreso.
“Para erradicar la violencia de género tenemos que realizar esfuerzos concertados entre el estado y la sociedad en los que además de un plan abarcador, exista un enfoque educativo para enseñar a nuestros niños y niñas que todo ser humano tiene que ser respetado, así como empoderar a nuestras próximas generaciones para erradicar este mal”, añadió el gobernador al anunciar la medida.
La medida se produce días después de que Angie Noemi González, una enfermera del pueblo montañoso de Barranquitas, fuera encontrada muerta en un barranco en un crimen que indignó a muchos en la isla. Según la policía, su pareja de 16 años, Roberto Rodríguez, admitió haber matado a la madre de tres.
El tío de la mujer, Alex Santos declaró que ella había estado trabajando en un hogar de ancianos durante la pandemia y había sobrevivido al cáncer. Dijo que ella había expresado temor por su vida, pero pensó que presentar una orden de restricción no tendría sentido.
“Es un papel que no me va a proteger en nada”, dijo que le había dicho su sobrina.
La orden es la última medida para llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, considerada una de las regiones más peligrosas del mundo para las mujeres. Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que la región tiene las tasas de feminicidio más altas del mundo, donde más de una cuarta parte de las mujeres sufren violencia de su pareja íntima al menos una vez en su vida. Los defensores temen que esas tendencias hayan empeorado durante la pandemia, y los encierros ponen en mayor riesgo a las mujeres vulnerables.
En las calles de América Latina, las mujeres han protestado, exigiendo el fin de la violencia y pidiendo a los gobiernos que otorguen plenos derechos reproductivos en la región predominantemente católica. Argentina legalizó recientemente el aborto hasta la semana 14 de embarazo luego de manifestaciones masivas en apoyo de la medida. En la Ciudad de México, manifestantes ocuparon oficinas gubernamentales, creando un refugio para mujeres mientras se manifestaban contra el feminicidio.
Puerto Rico tiene al menos un feminicidio a la semana, según un estudio de 2019 de Kilómetro Cero y Proyecto Matria, dos grupos de derechos con sede en la isla. Hubo al menos 60 delitos de este tipo en Puerto Rico el año pasado, según un grupo de vigilancia local, el Observatorio para la Equidad de Género. Esa cifra representa un aumento del 62% con respecto a 2019. El territorio de EE. UU. registró la tasa per cápita más alta del mundo de mujeres mayores de 14 años asesinadas por sus parejas en un informe de 2012 del American Civil Liberties Union.
Declarar el estado de emergencia debido a la violencia de género fue una de las promesas de campaña de Pierluisi. El gobernador dijo recientemente que su equipo estaba trabajando para emitir la orden ejecutiva lo antes posible, y una de las primeras medidas que aprobó el nuevo Senado de Puerto Rico en enero fue solicitar la declaración de emergencia a la oficina de Pierluisi.
Muchos expertos, activistas y organizaciones locales en la isla dicen que la falta continua de una política del gobierno de Puerto Rico expone a las mujeres y niñas a la violencia de género.
Grupos antiviolencia y albergues de mujeres locales han pedido una declaración de emergencia de esta índole desde el 2018.
“Hoy nos permitimos sentir alegría por el adelanto que implica para la lucha feminista de Puerto Rico y del mundo, el haber logrado que el Estado reconozca su responsabilidad y obligación en atajar la crisis de violencia de género”, dijo Colectiva Feminista en Construcción, en Twitter el domingo.
Taller Salud, un grupo de derechos de la mujer que se centra en iniciativas comunitarias y de salud pública, dijo en un comunicado que su personal aún estaba revisando la orden, pero expresó un optimismo cauteloso sobre la medida.
“Sin embargo, nos sentimos encaminadas en la dirección correcta”, dijo el grupo.
La ex gobernadora Wanda Vázquez, quien dejó el cargo a principios de enero y quien en un momento fue procuradora de las mujeres en Puerto Rico, no aceptó declarar una emergencia por violencia de género durante su mandato. En cambio, optó por firmar una orden ejecutiva que emitía una “alerta nacional” para abordar la violencia de género integrando las agencias públicas en una respuesta coordinada y haciendo cumplir las leyes ya existentes.
“El firmar un documento que emita una declaración de emergencia no va a hacer ningún cambio significativo si no contamos con un plan de respuesta concreto y estructurado’‘, dijo Vázquez en ese momento.
Pero Débora Upegui-Hernández, analista del Observatorio de Equidad de Género, dijo que se había visto poco movimiento para poner en vigor la orden de Vázquez.
“Realmente, no se ha visto nada en términos de protocolo de acciones del gobierno para atender la situación’‘, dijo.
En su plataforma de campaña, Pierluisi también se había comprometido a abordar las disparidades educativas y las brechas salariales relacionadas con el género, apoyar a las mujeres profesionales y trabajadoras y ofrecer educación sobre la igualdad de las mujeres en las escuelas. La orden ejecutiva emitida el domingo también estipula que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio local amplíe las iniciativas para apoyar las oportunidades profesionales para las mujeres, ya que la violencia de género a menudo va de mano-en-mano con la vulnerabilidad financiera.
Upegui-Hernández espera que la nueva administración y su declaración de emergencia traigan cambios a las políticas públicas que prevengan y reduzcan la violencia de género en Puerto Rico.
“Ese estado de emergencia tiene que estar ligado a planes que se ejecutan. Tiene que haber una forma de controlar la ejecución de esos planes”, dijo Upegui-Hernández. “No puede ser simplemente ponerle un nombre y no pasa nada ”.
