Uno de los más serios problemas con el actual sistema de inmigración y detención de inmigrantes es la falta de derechos dentro del proceso civil de deportación. Por ejemplo, los inmigrantes sin recursos para buscar la representación de un abogado no tienen derecho a un defensor público, como sí ocurre en el sistema criminal.
El proyecto de reforma migratoria plantea por primera vez ofrecer defensores públicos en procesos de inmigración para niños, personas discapacitadas mentales, o migrantes “vulnerables”, una categoría no definida, pero que teóricamente podría depender de la declaración de un juez.
Ya se han visto casos de migrantes discapacitados que han pasado años en centros de detención por no tener derecho a la representación de un abogado.
De aprobarse la versión en el Senado, Esta ley resolvería este tema, al menos para algunos de ellos.
El proyecto también prohíbe expresamente el uso de perfil racial como herramienta de control o identificación de migrantes y sólo podría utilizarse en casos de que hubiera una descripción expresa de un sospechoso.
Pero la ley sí permite el uso del “origen nacional” de la persona, lo cual según defensores de derechos civiles, deja abierta la posibilidad del uso de características personales que pueden incluir la raza al detener a personas.
Adicionalmente, el Departamento de Seguridad Nacional tendría que comenzar a recopilar los datos de raza y etnia de las personas detenidas por agentes de inmigración, lo cual serviría para identificar las tendencias en arrestos.
Otro problema muy denunciado es la falta de monitoreo efectivo de centros de detención para migrantes, en particular los que son manejados por compañías privadas actualmente bajo contrato con ICE o DHS.
Este proyecto bipartidista de ley también aumentaría la vigilancia de estos centros, mandaría la revisión directa de todos los centros al menos una vez al año, la consulta de su funcionamiento con organizaciones no gubernamentales y la realización de un reporte anual sobre las condiciones una vez al año por la Secretaria de Seguridad Nacional.
Esto incluiría la imposición de multas a los centros de detención que no cumplan con los estándares establecidos por el gobierno federal. (La Opinión)
