Cinco alumnos de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade (M-DCPS) han sido arrestados en las últimas semanas por publicar amenazas en redes sociales contra diferentes centros de enseñanza. Una tendencia que parece no tener fin, a pesar de las rigurosas consecuencias que tendrán para el futuro de los autores de estos hechos calificados como actos de intimidación.
Sur Florida / Diario las Américas
Frases publicadas en Instagram como, “quiero que todos sepan que voy a volar la escuela, tan pronto cuando llegue. Estén listos mañana, por la mañana”, sembraron el pánico en varios planteles educativos del sur de Florida, movilizaron dispositivos policiales y produjeron la cancelación de las clases en distintos centros. Pero, dichas amenazas también fueron el detonante de la apertura de más de una docena de investigaciones policiales, cuyo resultado son los arrestos ocurridos y los que están por suceder.
A raíz del tiroteo de pasado 30 de octubre, cometido por Ethan Crumbley, un estudiante de 15 años que con un arma semiautomática le arrebató la vida a cuatro compañeros en una escuela en Michigan, padres, profesores, alumnos y agentes del orden están cada vez más alertas ante la aterradora posibilidad de que nuestra comunidad pudiera ser escenario de una próxima masacre. DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Christi Fraga, miembro de la Junta del Distrito de Escuelas Públicas, el máximo órgano de gobierno de las instituciones educativas públicas del condado, para conocer, de primera mano, todo lo concerniente a la seguridad de las escuelas y si se está enviando el mensaje correcto a nuestra comunidad.
Seguridad de las escuelas
Fraga considera que los colegios del distrito están más seguros que nunca. “La muestra de que el sistema está funcionando correctamente es que, a pesar de que las amenazas resultaron ser falsas, todas fueron investigadas. No se descartó ninguna, todo lo contrario, se tomaron muy en serio y la Policía tiene la orden de perseguir a todas las personas que cometan ese tipo de acciones”.
Las sanciones
Por su parte, Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade, en declaraciones recientes, afirmó que “los actos de intimidación contra las escuelas no son una broma, son un delito”.
Amenazar en redes “es un delito grave en segundo grado que conducirá al autor a un centro de detención juvenil por un mínimo de 21 días a esperar la resolución de su caso”.
Fraga coincidió con la fiscal, al señalar que cualquier amenaza que agote los recursos de la policía o cause estrés emocional a familias, estudiantes, maestros y trabajadores de las escuelas tiene que ser investigada. Es una pena que estos jóvenes no sepan medir las consecuencias de sus actos. Intentamos que estos casos sirvan de ejemplo, para educarlos en que intimidar a una institución educativa no es la mejor forma de llamar la atención, porque solo servirá para arruinar sus vidas”.
Amenazas no creíbles
“Por lo general, cuando alguien considera cometer una atrocidad -como la masacre de Parkland— no lo anuncia. Si lo hiciera, contamos con los recursos para buscarlo y arrestarlo. Pero, aunque, el propósito de la intimidación no es el de hacer daño real, ésta infringe un enorme perjuicio a la comunidad”.
Fraga quiso dejar claro que, “a pesar de la seguridad de nuestros colegios, no quiere decir que no pueda suceder una tragedia, por eso estamos alertas y tomarnos muy en serio todos los actos de intimidación”, insistió.
Miami Dade es el cuarto distrito más grande del país y cuenta con el departamento de policía de escuelas más grande de la nación, con cerca de 500 oficiales. La ley de seguridad pública Marhorie Stoneman Douglas Public Safety de 2018 exige que haya un policía en cada plantel educativo. Las juntas escolares se encargan de establecer las políticas educativas del distrito y son las responsables de la seguridad de las escuelas bajo su jurisdicción
En los últimos tiempos, “hemos tenido distintas reuniones de seguridad. Recurrentemente, entrenamos para actuar en tiroteos y otras alertas. La clave es que nuestros oficiales están entrenados para analizar la personalidad de los estudiantes y ser capaces de percibir un cambio radical en sus comportamientos y poder anticiparse. También se involucran en casos de ‘bullying’, ya que suelen ser el desencadenante de muchas desgracias”.
Influencia del COVID
La funcionaria explicó que, durante la pandemia de COVID, muchos niños se quedaron aislados en sus casas, fuera de su entorno social un hecho que incrementó el estrés.
Efectivamente, según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association Pediatrics, durante el COVID duplicó la cantidad de niños y adolescentes que sufrieron síntomas de ansiedad y depresión en comparación a los números existentes antes de la pandemia.
Es por ello que “las escuelas de nuestro distrito cuentan con más psicólogos y orientadores que nunca. Estamos gastando más fondos en apoyo emocional y salud mental, al estar al tanto de los trastornos causados por la pandemia en nuestros jóvenes”.
Hace 4 años, M-DCPS creó el Departamento de salud mental que ahora cuenta con 118 coordinadores una cifra que busca duplicar. Estos profesionales entrenan a los profesores para que puedan determinar si algún estudiante necesita ayuda adicional y sea derivado a un especialista en salud mental.
“A pesar de todo”, expresó Fraga, “los jóvenes que han amenazado serán procesados y, desgraciadamente, con este antecedente, nunca podrán regresar a un colegio público. Ellos no se dan cuenta que las consecuencias de estas amenazas les marca por el resto de su vida”.
La funcionaria electa considera que los padres deben mantenerse involucrados en la vida de sus hijos, “deben tener confianza en el sistema escolar. Si ven algo en casa, si no saben lidiar con alguna arista de la personalidad de su hijo, si éste sufre de depresión o es víctima de bullying, deben comunicarlo a la escuela. No serán perjudicados, les vamos a ayudar”.
A la pregunta de, si ella considera excesivo que se proceda con tanto rigor, teniendo en cuenta que las amenazas no son creíbles y muchos de los implicados son menores de edad, Fraga respondió:
“Las condenas las evalúa el sistema judicial, que tendrá en cuenta todos los atenuantes. Nosotros no somos los encargados de procesarlos. Pero sí estamos de acuerdo en que sus actos deben tener un correctivo. Estas amenazas, a pesar de no ser reales, tienen un efecto dominó, ocasionan grandes gastos de los recursos policiales, intimidan a la comunidad, paralizan la actividad escolar y ocasionan pánico en las escuelas. Debemos tener ley y orden. ¿Cuál sería el resultado, si enviamos el mensaje incorrecto?
