Nuevo México y la ciudad más grande del estado demandaron al gobierno del presidente Donald Trump, en la primera querella de su tipo por parte de una entidad que busca frenar la pronta liberación de solicitantes de asilo en las comunidades locales, además de exigir un reembolso por labores humanitarias para albergar temporalmente a los migrantes.
La gobernadora demócrata, Michelle Lujan-Grisham señaló que el Ejecutivo evidencia el “menoscabo del deber” al momento de anunciar la demanda en contra del secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan y altos funcionarios migratorios. La ciudad de Albuquerque también fue nombrada como demandante.
A través de un comunicado, dijo que el presidente Donald Trump “solo está interesado en satanizar a las personas vulnerables que llegan a nuestra frontera, avivando temores infundados sobre seguridad nacional sin tomar medidas para proteger de manera sustancial y proactiva a los inmigrantes y a nuestras comunidades en la frontera sur del tráfico de personas y drogas”.
La demanda es la primera de su tipo por parte de un estado. Es similar a la denuncia presentada en abril por el condado de San Diego, que también impugna la cancelación del programa migratorio federal que brindaba ayuda a los migrantes con llamadas telefónicas y demás trámites de traslado para llegar a su destino final en Estados Unidos.
El programa federal de “liberación segura” fue cancelado en octubre de 2018 en medio de una oleada de migrantes centroamericanos que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos. Por lo general, los solicitantes de asilo son liberados casi de inmediato, y algunas ciudades de Nuevo México como Las Cruces, Albuquerque y Deming han sufrido parte del impacto.
La medida de la actual gestión de gobierno en USA ha generado ruido en los estados que se prevé, se convertirán en zonas de recepción de los recién llegados a territorio estadounidense.
La acción legal se presenta en momentos cuando el presidente Donald Trump arrecia las estrategias para detener o reducir significativamente la llegada de migrantes ilegales a Estados Unidos. En tal sentido, el mandatario anunció hace pocos días un nuevo acuerdo migratorio con México, nación a la que ha acusado de ser permisiva sino de “contribuir” por omisión con el arribo de cantidades cada vez más grandes de hombres, mujeres, niños y ancianos indocumentados provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, mayoritariamente.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha adelantado una serie de medidas que buscan conjurar la amenaza formulada por su homólogo estadounidense de que aplicará aranceles a los productos que se importen desde esa nación que crecerán paulatinamente de 5 a 25 por ciento, si no contribuyen a contener la oleada de migrantes centroamericanos que pretenden entrar a Estados Unidos por la frontera sur.
