El divorcio de la ganadora de ‘American Idol’ se ha convertido en toda una pesadilla legal
SurFlorida / Eldiariony
Al margen de lo conflictivo del proceso de divorcio en el que están inmersos la cantante Kelly Clarkson y Brandon Blackstock, que por el momento ha arrojado resultados tales como la concesión de la custodia principal de sus hijos a la intérprete y la reclamación, por parte del productor, de una pensión alimenticia de 500.000 dólares, hay que recordar que la expareja tiene abierto otro frente judicial desde el pasado octubre que, además, afecta de lleno al exsuegro de la artista: Narvel Blackstock.
Y es que cuando la opinión pública todavía estaba tratando de digerir la separación del exmatrimonio, el citado Narvel, un acaudalado productor y agente de artistas a través de su compañía Starstruck Management, demandaba a su antigua nuera para exigir el desembolso de todas aquellas tarifas que la cantante tenía pendientes de pago desde hacía varios años, siempre de acuerdo con la versión de los hechos que facilitó la mencionada firma a un juzgado de California. La relación profesional entre Starstruck y Kelly Clarkson se remontaba a hace más de trece años, concretamente cuando esta ya había alcanzado la fama tras ganar el concurso ‘American Idol’.
La revista Us Weekly ha sabido ahora que la estrella de la música, o más bien su equipo legal, no se ha quedado de brazos cruzados ante semejante ofensiva, ya que ese mismo mes de octubre Kelly interpuso una demanda contra Narvel, Brandon y, en definitiva, contra los principales responsables de Starstruck Management para tratar de reparar el “fraude” de grandes proporciones que habrían cometido contra ella a lo largo de todos estos años, en el que destacaría el cobro excesivo por trabajos que ella no habría requerido y que estos habrían iniciado por su cuenta.
Según los abogados de la artista, madre de River Rose y Remington Alexander con Brandon Blackstock, ni Narvel ni su hijo contaban en su momento con las imprescindibles licencias que ha de expedir el estado de California para poder operar legalmente como agentes y representantes, por lo que argumenta que esa es una de las razones que explican su decisión de no abonar el resto del dinero que le exigen por esos servicios de naturaleza ilegal y, asimismo, su requerimiento de que le devuelvan los importes que ya había desembolsado.
