En todo Estados Unidos, las universidades con fines de lucro han sido objeto de decenas de demandas del gobierno e investigaciones destinadas a frenar sus abusos. La queja típica es que los estudiantes son manipulados con agresivas técnicas de reclutamiento y la promesa ilusoria de una nueva carrera bien remunerada. Ofertan horarios convenientes, admisión instantánea, y ellas mismas gestionan los préstamos.
Pero muchos alumnos se quejan de recibir una educación de mala calidad, con pocas o nulas perspectivas de empleo y quedar con deudas impagables.
Eso acurre en todo el país, pero la Florida es más vulnerable, pues su demografía incluye gran número de inmigrantes, minorías, madres solteras y veteranos (todos grupos objetivo de estas casas de estudios).
Y mientras otros estados tratan de controlar a estas universidades, los legisladores de Florida les han dado su apoyo entusiasta, aprobando al menos 15 leyes que alimentan su crecimiento, por lo que ya acaparan casi el 18% del mercado (unos 300 mil estudiantes) contra un 12% a nivel nacional.
En otros estados estas universidades deben pagar millones en reembolsos a los estudiantes desfavorecidos, pero en Florida los órganos de justicia llegan a acuerdos con ellas, y las demandas son desestimadas o pobremente atendidas.
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