Tiene visos de una simple propuesta: dar a los empleados que trabajan más de 40 horas a la semana la posibilidad de tomarse tiempo libre en lugar de paga complementaria por horas extras.
Esa posibilidad ya existe en el sector público. Los empleados federales y estatales pueden acumular las horas extras y utilizarlas posteriormente en semanas o incluso en meses para asistir a reuniones entre padres y maestros, cuidar a los padres ancianos y reparar sus viviendas.
Los legisladores republicanos apoyan un proyecto de ley que extendería esa alternativa al sector privado. Sostienen que ello dotaría de mayor flexibilidad a la fuerza laboral y ayudaría a los trabajadores a compaginar mejor sus familias y carreras.
El proyecto corresponde a una agenda más amplia emprendida por el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, el republicano Eric Cantor, para ampliar el atractivo político del partido entre las familias trabajadoras. La Cámara seguramente votará la medida esta semana, pero el senado, controlado por los demócratas, seguramente no lo hará.
“Para algunas personas, el tiempo es más valioso que el dinero que acumularían con las horas extras“, dijo la representante republicana Martha Roby, la principal patrocinadora del proyecto. “¿Por qué deberían disfrutar de ese beneficio los empleados del sector público pero no los del sector privado?
Empero, la idea promovida por los republicanos y considerada “pro trabajador” es vigorosamente rechazada por la mayoría de los demócratas, según los cuales se trata simplemente de una estratagema que permite a las empresas no pagar horas extras complementarias.
Judith Lichtman, asesora de la Asociación Nacional para Mujeres y Familias, sostiene que la medida posibilitará a la patronal y las empresas presionar a los trabajadores para que se tomen tiempo libre complementario en lugar de paga extra en metálico.
El programa fue creado en 1985 en el sector público para ahorrar dinero a las autoridades federales, estatales y municipales, no para dar a los trabajadores mayor flexibilidad, dijo Lichtman. Muchos trabajadores en el gobierno federal y en los estados están sindicalizados, o gozan de la protección dispensada por las leyes a los funcionarios civiles, que les otorgan más peso en sus tratos con los supervisores, agregó. Esa salvaguardia no existe en muchos casos en el sector privado, donde solamente el 6,6% de los trabajadores están sindicalizados.
Los demócratas dicen que el proyecto de ley no garantiza que los trabajadores puedan tener tiempo libre cuando lo deseen. El proyecto da a las empresas la discreción de aprobar pedidos específicos en pago por las horas extras.
