El juez federal John Bates ordenó este viernes el pleno restablecimiento del programa de acción diferida de 2012 (DACA), que el gobierno desmanteló en septiembre de 2017, dejando en un la incertidumbre legal a unos 800,000 jóvenes indocumentados amparados por el programa.
La orden de 25 páginas indica que la anulación de DACA fue ilegal y que la Administración Trump no ha logrado justificar su cancelación adecuadamente, aún después del plazo de 90 días que su tribunal le había dado. Bates dio plazo de 20 días a la Administración, hasta el 23 de agosto, para responder apelándola o solicitando su suspensión temporal. Precisa en el documento que no está cuestionando si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene o no la autoridad legal o constitucional de anular DACA, sino que, si desea hacerlo, tiene que dar una explicación racional.
Devin O´Malley, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que la orden de Bates no cambia la postura del Departamento de Justicia sobre los hechos: DACA fue implementado unilateralmente después de que el Congreso declinó extender beneficios a este mismo grupo de extranjeros ilegales. Insistió que el DHS actuó dentro de su autoridad legal para eliminar de forma gradual y ordenada DACA, y que el cumplimiento de las leyes es vital para proteger a una nación, sus fronteras y ciudadanos.
A menos que la Administración apele el nuevo fallo de Bates, y se prolongue la batalla legal-, la decisión entrará en vigor a finales de mes y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) tendrá que aceptar nuevas solicitudes de jóvenes que reúnen los requisitos de DACA. Tres jueces federales, incluyendo a Bates, ya habían ordenado el restablecimiento de DACA, por lo que USCIS ha estado tramitando solicitudes para la renovación de los permisos.
Leer original en La Opinion
