La policía de Oregon ya no puede arrestar a alguien por tener pequeñas cantidades de heroína, metanfetaminas, LSD, oxicodona u otras drogas fuertes, debido a un referéndum cuyo resultado entró en vigencia el lunes.
SurFlorida / AP
En lugar de ello, los que sean detenidos por tener esas drogas tendrán que pagar una multa de hasta 100 dólares o ser sometidos a un examen médico para ver si necesitan tratamiento contra la adicción. Los partidarios de la descriminalización de las drogas fuertes, que fue aprobada por amplia mayoría en la consulta popular en noviembre, lo consideran un hito revolucionario en Estados Unidos.
“Hoy ha caído el primer dominó de nuestra guerra cruel e inhumana contra las drogas, y esperamos que ello dará pie a otras medidas que prioricen la salud sobre la penalización”, expresó Kassandra Frederique, directora ejecutiva de Drug Policy Alliance, la agrupación que promovió la iniciativa.
Los partidarios de la despenalización insisten que para combatir las drogas, lo más importante es ofrecer tratamiento a los adictos en vez de meterlos en la cárcel, especialmente porque incluso cuando salen de la cárcel, los acusados quedan con antecedentes penales que les dificulta encontrar empleo o vivienda.
Más de una veintena de fiscales distritales se opusieron a la medida, catalogándola de irresponsable y conducente a la aceptación social de drogas peligrosas.
De ahora en adelante, los que sean hallados con drogas para uso personal recibirán una citación civil “como una multa de tránsito” y no una citación penal, explicó Matt Sutton, vocero de Drug Policy Alliance.
Bajo el nuevo sistema, los centros de rehabilitación de drogas tendrán la responsabilidad de “analizar las necesidades de las personas que usan drogas, y de evaluar y atender cualquier necesidad en curso mediante un manejo intensivo de los casos y la conexión a atención y servicios”.
Los centros de rehabilitación serán financiados por los impuestos que en Oregon paga la industria de la marihuana legal. Ello implica que recibirán menos dinero otros programas y entidades que se financian de la misma manera, como las escuelas.
El referéndum impuso un tope de 45 millones de dólares anuales a la cantidad de dinero por impuestos a la marihuana legal que recibirán escuelas, centros de atención psiquiátrica para alcohólicos y drogadictos, la policía estatal y ciudades y condados. El resto debe ser asignado a un fondo para servicios de recuperación de la adicción de drogas.
