Una jueza ordenó el sábado que el poderoso expresidente colombiano Álvaro Uribe sea liberado de su arresto domiciliario mientras se le investiga por posible manipulación de testigos.
Sur Florida/El Nuevo Herald
El caso ha dividido a esta nación sudamericana y ha expuesto las tensiones que persisten en torno al acuerdo de paz de Colombia para poner fin a un conflicto de medio siglo con las guerrillas de izquierda.
La Corte Suprema del país ordenó la detención de Uribe en agosto durante la investigación, escandalizando a los colombianos y desatando protestas a favor y en contra de la decisión. Fue el primer presidente en la historia reciente de Colombia al que se le ordenó arresto domiciliario.
La jueza municipal Clara Salcedo decidió el sábado durante una audiencia en línea que el fallo anterior no podía ser confirmado bajo el nuevo marco legal bajo el cual Uribe está siendo investigado desde que renunció a su escaño en el Senado después de su detención.
“Gracias a Dios”, tuiteó Uribe mientras se leía el fallo.
La Corte Suprema había argumentado en su decisión de 1.554 páginas en agosto que había amplia evidencia para demostrar que Uribe había participado en intentos para presionar a exparamilitares a retractarse de declaraciones perjudiciales contra el expresidente. Sin embargo, la Corte Suprema renunció al control del caso cuando Uribe renunció a su escaño en el Senado, entregándolo a la Fiscalía General.
Desde entonces, los magistrados han dictaminado que Uribe debe ser juzgado bajo un marco legal diferente diseñado para ciudadanos comunes, lo que allanaría el camino para su liberación.
El abogado del expresidente argumentó que debido a que Uribe sólo está bajo investigación y que no ha sido acusado, debería ser liberado. El fiscal general Gabriel Ramón Jaimes estuvo de acuerdo y dijo a la jueza que creía que se habían violado los derechos al debido proceso de Uribe, pero también enfatizó que la investigación continúa.
Uribe ha negado con vehemencia las acusaciones.
Sus partidarios sostuvieron que la decisión del arresto domiciliario fue injusta porque los exguerrilleros pudieron permanecer libres mientras testificaban sobre crímenes de guerra. Sus críticos argumentan que hasta ahora los tribunales efectivamente se han hecho la vista gorda ante numerosos señalamientos de que Uribe tenía vínculos con grupos paramilitares durante el conflicto.
