Más de una década después de que una explosión de metano matara a 29 trabajadores en una mina de carbón de Nueva Zelanda, la policía dijo el miércoles que por fin había encontrado al menos dos de los cuerpos, gracias a nuevas imágenes de cámara.
Sur Florida / AP
La policía lleva años investigando el desastre y algunos familiares confían en que en algún momento se presenten cargos penales.
Se han localizado al menos dos cuerpos, y posiblemente un tercero, tras enviar una cámara a la mina a través de un nuevo agujero, indicó el superintendente detective de policía Peter Read. Los cuerpos se encontraron en el extremo más lejano de la mina, donde el nivel de metano sigue siendo alto.
La tecnología de imágenes ha mejorado de forma considerable desde el desastre, indicó Read, lo que ayudó a hacer el descubrimiento.
Las autoridades no habían identificado los cuerpos, señaló, aunque trabajaban con expertos forenses para ver si era posible. Hasta ahora se habían identificado a los seis u ocho mineros que se cree trabajaban en ese momento en esa parte de la mina.
“Apenas quedan dos días para el 11mo aniversario de la explosión de la mina, y querríamos recordar a las familias de todos los hombres”, dijo Read a la prensa. “Es un recordatorio muy sombrío del dolor y la pérdida”.
El descubrimiento ayudará a la investigación, señaló.
La policía no publicará las imágenes por respeto a las familias, dijo Read, que declinó describir en qué estado se encontraban los cuerpos.
“Es lo que se podría esperar después de 11 años, pero en realidad no voy a entrar en detalles sobre lo que muestran las imágenes”, dijo.
Una investigación anterior concluyó que la compañía Pike River Coal expuso a los mineros a riesgos inaceptables en su esfuerzo de alcanzar sus objetivos financieros. El reporte determinó que antes del desastre, la empresa ignoró 21 advertencias de acumulación de metano hasta niveles explosivos.
La empresa, que entró en bancarrota, no negó las acusaciones de infracciones laborales.
Los cargos de infracciones laborales contra el exdirector general Peter Whittall fueron desestimados después de que él y la compañía alcanzaran un acuerdo financiero, algo que indignó a muchas de las familias de los muertos.
La Corte Suprema de Nueva Zelanda determinó más tarde que el acuerdo era ilegal.
