Una nueva ley aprobada en Florida permitirá a los paramédicos portar armas de fuego cuando respondan a situaciones de “alto riesgo”, como tiroteos, redadas de drogas y otras circunstancias similares.
La nueva legislación firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, entrará en vigor el 1 de julio. Los paramédicos estarán justificados en el uso de la fuerza para defenderse a sí mismos o a otras personas de potenciales daños físicos.
La ley contempla también entre las situaciones posibles la intervención en casos de suicidas armados y situaciones en que estén involucrados rehenes.
No obstante, indica que el personal sanitario que porte armas de fuego estará obligado a completar una capacitación anual sobre seguridad de armas de fuego y entrenamiento táctico.
Otros estados, como Kansas y Ohio, ya cuentan con leyes de respuesta ante armas de fuego de emergencia y proyectos de ley similares se encuentran en curso en Tennessee, Mississippi y Virginia.
No obstante, la ley indica que el personal sanitario que porte armas de fuego estará obligado a completar una capacitación anual sobre seguridad de armas de fuego y entrenamiento táctico.
Otros estados, como Kansas y Ohio, ya cuentan con leyes de respuesta ante armas de fuego de emergencia, y proyectos de ley similares se encuentran en curso en Tennessee, Mississippi y Virginia.
Sin duda la disposición causa ruido debido a que muchos consideran que se contrapone con la función oficial de estos profesionales, hasta ahora absolutamente apegada a la salud y el bienestar de las personas. Cuando se busca en portales como Wikipedia el paramédico se identifica como un profesional de la salud con nivel técnico (aunque algunos países ya tienen la formación en nivel Técnico Superior Universitario (TSU) o licenciatura) enfocado en la atención pre-hospitalaria y clínica. Usualmente es miembro de un servicio de atención de emergencias, el cual responde y atiende a las emergencias médicas y de trauma, siguiendo protocolos de intervención internacionales, revisados y aceptados.
La Cruz Roja anunció a principios de abril de este año la aplicación de un protocolo de conflicto armado para los cuerpos de asistencia médica en la ciudad mexicana Cancún porque estos debían desempeñarse en medio de un escenario violento.
A pesar de los riesgos que enfrentan estos profesionales, la estrategia que puso en marcha el cuerpo internacional no incluyó armar al personal llamado a atender las emergencias generadas por la violencia desmedida que se registraba en el área.
De acuerdo con el director de la Cruz Roja local, desde el ataque a las instalaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo en 2016 -apenas dos días después del ataque al Blue Parrot en Playa del Carmen donde murieron 6 personas y 15 más resultaron heridas- la organización ha tenido que traer constantemente a los especialistas de la Ciudad de México.
Cancún registró 550 ejecuciones en 2018, y en lo que va de 2019 ya son más de 100 muertes relacionadas con el crimen organizado, que se disputa la venta de drogas en este principal destino turístico de México.
El incremento de sucesos violentos de alto impacto, -que empezaron en zonas populares pero se fueron extendiendo a toda la ciudad e incluso a la zona hotelera-, empezó a causar serios efectos entre los paramédicos, que presentaban elevados niveles de estrés durante sus jornadas laborales.
“Tuvimos la necesidad de volver a traer otra vez a gente de la Ciudad de México a que nos preparara y estuviera al pendiente del personal”, indicó.
Según detalló, aunque en la ciudad hay empresas privadas que tienen el servicio de ambulancias, solamente la Cruz Roja atiende los reportes de sucesos más violentos.
Información: CIBERCUBA
