Con las muertes por COVID-19 subiendo en Myanmar, aumentan las denuncias de residentes y activistas de derechos humanos de que el régimen militar, que tomó el poder en febrero, está usando la pandemia para consolidar su poder y aplastar a la oposición.
Sur Florida / apnews
En la última semana, la tasa de muertes per cápita en Myanmar superó las de Indonesia y Malasia, convirtiéndose en la peor en el sudeste asiático. El vapuleado sistema de salud del país se está viendo abrumado por los nuevos pacientes con COVID-19. Los suministros de oxígeno escasean y el gobierno ha restringido su venta privada en muchos casos, diciendo que trata de prevenir acaparamiento, pero eso ha causado denuncias de que las reservas se están asignando a partidarios del gobierno y los hospitales administrados por las fuerzas armadas.
Al mismo tiempo, los trabajadores médicos han sufrido represalias tras encabezar movimientos de desobediencia civil que llamaron a los profesionales y empleados públicos a no cooperar con el gobierno, conocido como Consejo Administrativo del Estado.
“Ellos han parado la distribución de equipo de protección personal y mascarillas, y no dejan que los civiles que ellos sospechan que respaldan el movimiento democrático sean atendidos en hospitales y están arrestando a médicos que respaldan la desobediencia civil”, dijo Yanghee Lee, exexperta de la ONU para derechos humanos en Myanmar y una integrante fundadora del Consejo Asesor especial para Myanmar.
“En el caso del oxígeno, han prohibido las ventas a civiles o personas que no son apoyadas por el Consejo Administrativo, así que están usando algo que puede salvar a la gente contra el pueblo”, dijo. “Las fuerzas armadas están usando el COVID como un arma”.
El viceministro de Información, Zaw Min Tun, no respondió a preguntas sobre tales acusaciones, pero con las crecientes presiones dentro y fuera del país para controlar la pandemia, el gobierno ha estado en una ofensiva de relaciones públicas.
En el periódico estatal Global New Light of Myanmar, varios artículos publicados esta semana resaltaron las gestiones del gobierno, incluso lo que llaman un esfuerzo para reanudar las vacunaciones e incrementar los suministros de oxígeno.
El general Min Aung Hlaing, comandante del Consejo Administrativo, dijo que se realizaban esfuerzos para conseguir el apoyo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y países “amigos” que no identificó.
“Deben hacerse esfuerzos para garantizar mejor salud para el estado y el pueblo”, dijo el general, de acuerdo con reportes.
Myanmar reportó 342 muertes el jueves y 5.234 nuevas infecciones. Su promedio de muertes en siete días por cada millón de personas subió a 6,29, lo que es más del doble de la tasa de 3,04 en India durante el pico de su crisis en mayo. Se cree que las cifras oficiales en Myanmar son mucho menores que las reales debido a falta de pruebas y reportes.
“Hay una gran diferencia entre la cifra de muertes por COVID-19 dada por el Consejo Militar y la realidad”, dijo a The Associated Press un médico del Hospital General Mawlamyine, el cuarto mayor del país. “Hay muchas personas en la comunidad que murieron por la enfermedad y no pueden ser contadas”.
Abundan videos en redes sociales que muestran a personas muertas en sus casas por falta de tratamiento y largas colas de personas esperando suministros de oxígeno. El gobierno niega los reportes de que cementerios en Yangón están abrumados, pero anunció el martes que estaban construyendo instalaciones que podrán incinerar hasta 3.000 cadáveres por día.
“Al permitir que el COVID-19 se descontrole, la junta militar le falla al pueblo birmano, además de fallarle a la región y al mundo, que pueden ser amenazados por nuevas variantes alimentadas por la diseminación descontrolada de la enfermedad en lugares como Myanmar”, dijo Phil Robertson, subdirector de asuntos asiáticos en Human Rights Watch. “El problema es que a la junta le importa más retener el poder que frenar la pandemia”.
Myanmar es uno de los países más pobres de la región y estaba ya en una posición vulnerable cuando la junta tomó el poder, desatando una lucha política violenta.
Bajo el gobierno civil de Aung San Suu Kyi, Myanmar había capeado al aumento de casos de coronavirus con restricciones severas de viaje y el aislamiento de la ciudad Yangón. Se aseguró el suministro de vacunas de China e India, pero el gobierno de Suu Kyi fue derrocado menos de una semana después de que comenzaran las vacunaciones.
Al aumentar la desobediencia civil tras el derrocamiento, los hospitales públicos básicamente fueron cerrados cuando médicos y otros empleados se negaron a trabajar con el nuevo gobierno, instalando en lugar de ello clínicas improvisadas, acciones por las que enfrentaron arrestos.
Algunos han regresado a trabajar en los hospitales públicos, pero el médico en Mawlamyine, entrevistado por la AP, dijo que es demasiado peligroso.
“Yo pudiera ser arrestado por la junta en cualquier momento si regreso al hospital”, añadió el médico, que fue parte del movimiento de desobediencia civil y que ha estado atendiendo a pacientes con suministros que él mismo consigue.
De acuerdo con Tom Andrews, el experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Myanmar, las fuerzas del gobierno han lanzado al menos 260 ataques contra instalaciones y personal médicos, con un saldo de 18 muertos. Al menos 67 profesionales de salud han sido arrestados y se busca a otros 600.
Los hospitales militares siguieron operando tras el derrocamiento de Suu Kyi, pero muchas personas prefieren evitarlos y el programa de vacunaciones se desaceleró considerablemente antes de que al parecer se frenara completamente, hasta esta semana. No existen datos concretos sobre vacunaciones, pero se cree que apenas 3% de la población pudiera haber recibido dos dosis.
El rápido aumento de los casos “es extremamente preocupante, particularmente con la limitada existencia de servicios de salud y suministros de oxígeno”, dijo Joy Singhal, jefa de la delegación de la Cruz Roja de Myanmar.
“Existe la necesidad urgente de más pruebas, rastreo de contactos y vacunaciones contra el COVID-19 para combatir la pandemia”, dijo a la AP. “Este último aumento es un duro golpe para millones de personas en Myanmar que ya lidian con las mayores penurias económicas y sociales”.
Esta semana, Andrews llamó al Consejo de Seguridad de la ONU y sus estados miembros a presionar por un “cese del fuego del COVID”.
“Naciones Unidas no puede darse el lujo de ser complaciente mientras la junta militar ataca despiadadamente al personal médico mientras el COVID-19 se disemina descontroladamente”, dijo. “Deben actuar para frenar la violencia, para que los médicos y enfermeros puedan dar cuidados urgentes y las organizaciones internacionales puedan ayudar en las vacunaciones y cuidados médicos”.
Luego de una larga pausa en la ayuda internacional, China comenzó recientemente a entregar vacunas. Envió 736.000 dosis a Yangón este mes, las primeras de 2 millones donadas, y de acuerdo con reportes más de 10.000 al Ejército de Independencia Kachin, que libra desde hace décadas una guerra de insurgencia en un área de la frontera norte desde la que el virus se ha extendido a China.
El vocero de la cancillería china Zhao Lijian declinó comentar directamente esta semana sobre el reporte de los suministros a los insurgentes, pero dijo que “la epidemia es el enemigo común de toda la humanidad”.
El Global New Light reportó que Myanmar recibió otro millón de dosis compradas a China.
Se han reportado brotes de coronavirus en las prisiones del país. El miércoles, la televisora estatal MRTV mostró lo que dijo eran 610 prisioneros de la prisión de Insein, en Yangón, siendo vacunados. El reporte fue recibido con escepticismo y burlas en redes sociales.
Lee dijo que, si el gobierno está tratando de usar las vacunas y otra ayuda para presentarse como la solución a la pandemia, es demasiado tarde.
“La gente lo sabe y ha pasado mucho tiempo”, dijo. “El COVID no fue producido por el hombre, pero se descontroló por la complicidad y el bloqueo deliberado de servicios. No hay retorno”, dijo.
