Entre los más de 260 mil procesos judiciales actualmente abiertos en contra del Estado colombiano no resulta difícil encontrar algunos que, por insólitos, son capaces de provocar una sonrisa.
Ahí está, por ejemplo, la demanda por 10 millones de pesos (unos US$5.600) interpuesta por el que parece haber sido el único ciudadano –de entre un padrón electoral de más de 28 millones– en haber sufrido lesiones por causa de la tinta indeleble que se emplea durante los comicios.
O, en el otro extremo, los 594.237.486.233.750 pesos (más de US$330.000 millones) reclamados por una familia que, en palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, “dicen ser dueños de la mitad del departamento de Antioquia”.
El asunto, sin embargo, está lejos de ser una broma.
Todas sumadas, las pretensiones económicas de las actuales demandas en contra del Estado colombiano ya superan los 1.028 billones de pesos (unos US$580.000 millones), casi el doble del Producto Interno Bruto del país.
Y según los cálculos del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, eso significa que “si se perdieran las demandas que cursan actualmente contra la nación, cada colombiano tendría que pagar 22 millones de pesos”.
Es decir, más de US$12.400 por cabeza.
Suficiente, según el presidente Juan Manuel Santos, para quebrar al país.
¿Cómo llegó Colombia hasta ahí?
“Cultura de la demanda”
Para el ministro Esguerra, la situación es el resultado de una suma de factores, uno de los cuales es la lentitud en la administración de justicia.
Según el ministro, en Colombia los juicios contencioso-administrativos pueden llegar a durar hasta entre ocho y doce años, si se agotan todas las instancias, lo que ha dado lugar a la acumulación de numerosos procesos.
Una demanda billonaria
La mayor demanda en contra del Estado colombiano corre por cuenta de los herederos de Mirocletes Durango y fue presentada el 17 de junio de 2003 en contra del ahora desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA.
En la demanda, Enrique Durango Valero, Enrique Durango Sanín, Luz Helena Durango Sanín Viuda de Páez y Gloria Durango Sanín de Múnera reclaman una indemnización de casi 600 billones de pesos colombianos en concepto de “indemnización de daños y perjuicios materiales” vinculados a un reclamo que inició en 1967.
“Basados en títulos de los que dicen ser dueños legítimos, y que se remontan centurias, ellos dicen ser dueños de la mitad del departamento de Antioquia”, le dijo a BBC Mundo el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
En concreto, la familia Durango reclama derechos sobre 1.926 Km2 de tierras ubicadas en el oriente del departamento, las que comprenden nueve municipios poblados por más de 150.000 personas en incluyen yacimientos de carbón.
En marzo de 2009, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló en primera instancia en contra de los demandantes por considerar que no habían probado la posesión legal ni material de los terrenos en disputa. Actualmente el Consejo de Estado revisa su recurso de apelación.
Desde el año 2000 a la fecha, sin embargo, el Estado colombiano ha realizado pagos por más de US$1.891 millones para la cancelación de sentencias y conciliaciones por procesos judiciales contra su nivel central.
Lo que sugiere que lo que Esguerra llama “una forma equivocada de entender la idea del Estado del bienestar” tal vez sea un factor más importante en la ecuación.
“Culturalmente se ha venido desarrollando entre nosotros la idea de que el Estado debe ser quien pague todo menoscabo que cualquier persona tenga en su patrimonio o toda situación negativa que de una forma u otra la afecte”, le dijo Esguerra a BBC Mundo.
“Es casi que ‘salí a la calle, me mojé, entonces voy a demandar al Estado porque eso es inaceptable'”, ironizó Esguerra, para quien el problema se ha exacerbado como resultado de reformas judiciales orientadas a darles cada vez más derechos y protección a los ciudadanos.
Y luego está el problema de la existencia de lo que el presidente Santos no ha dudado en calificar como “verdaderas mafias” dedicadas a “ordeñar al Estado”.
Se trata, sostiene Esguerra, de inescrupulosos que se han convencido de que demandar al Estado es un buen negocio, porque el estado suele defenderse mal.
La lista incluye a “quienes resuelven hacerse pasar por víctimas de casos en los que no fueron víctimas”, en un momento en el que, según el ministro, el estado colombiano “se la está jugando toda” por la causa de las legítimas víctimas de varias décadas de conflictos internos de distinta naturaleza.
“Y nos preocupa que también en esos caso resulte, como va resultando perceptible en algunas oportunidades, que hay gente que quiere sacar provecho de esa situación, quien quiere hacerse pasar por víctima sin haberlo sido, quien quiere recibir la ‘restitución’ de una propiedad a la que jamás tuvo ningún derecho”, le dijo Esguerra a BBC Mundo.
¿Y el conflicto?
El tema es particularmente sensible porque el reconocimiento del conflicto, y su misma delimitación, pasa por el reconocimiento de las víctimas.
El proceso de restitución de derechos al amparo de Ley de Víctimas representa un gran reto.De ahí que casos como el de las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán -le acarreó a Colombia una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó además el pago de millonarias indemnizaciones a los familiares de 46 personas identificadas como víctimas de la matanza- reciban mucha más atención que, por ejemplo, las igualmente millonarias indemnizaciones vinculadas al rompimiento de contratos de infraestructura.
Las cifras manejadas por el ministerio de Justicia, sin embargo, parecen sugerir que la mayoría de las demandas en contra del Estado colombiano no tienen su origen en el conflicto armado.
Según datos del Sistema Único de Procesos Judiciales de la Nación, Litigob, a diciembre de 2011 sólo tres de cada diez de esas demandas se correspondían al sector “defensa nacional y seguridad”, mientras que “protección social” acumulaba casi la mitad de los procesos.
Además, siempre según el Litgob, el grueso de las demandas tiene que ver con disputas laborales.
Mientras que, en lo que a cuantía se refiere, la palma se la lleva el Ministerio de Agricultura e instancias asociadas, que acumulan demandas por más de US$470.000 millones, en buena medida gracias a la famosa reclamación por 1.926 kilómetros cuadrados de tierras en el oriente antioqueño mencionada con anterioridad.
La respuesta
El ministro Esguerra, sin embargo, reconoce que la información que existe actualmente sobre las demandas en contra del Estado colombiano “ni es completa, ni es absolutamente confiable”.”Culturalmente se ha venido desarrollando entre nosotros la idea de que el estado debe ser quien pague todo menoscabo que cualquier persona tenga en su patrimonio o toda situación negativa que de una forma u otra la afecte”
Y por experiencia sabe que las demandas en contra del Estado colombiano son “de distintísima naturaleza y de distintísimo origen”.
Por eso, llenar ese vacío de información será una de las tareas de la recién creada Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, anunciada por el presidente Santos en noviembre pasado.
La Agencia, que aún no ha comenzado a operar, también será la encargada de coordinar la respuesta de un estado que, según un análisis preliminar, pierde más del 70% de las demandas en su contra, comparado con el 23,5% en el caso de Chile o el 55,2% en el caso de Brasil.
El reto es formidable. Y más cuando Colombia acaba de iniciar el complejo proceso de reparación a las víctimas de su conflicto interno.
“Pero no se trata de que el Estado no vaya a asumir las consecuencias ni responsabilidades que correspondan a sus actuaciones u omisiones antijurídicas”, le aseguró Esguerra a BBC Mundo.
“Se trata de lograr un equilibrio que es muy difícil de lograr, de modo que haya justicia, haya reparación, haya restitución pero que no haya abusos”.
“Aunque eso es mas fácil de decir que de poner en práctica”, admitió.
