Con escasa presencia de electores en los centros de votación se inició el domingo en México un referéndum para decidir si se deben enjuiciar a los cinco expresidentes que ha generado controversia por los 25 millones de dólares que se invirtieron para su realización, la redacción de la pregunta, y su coincidencia con la tercera ola de la pandemia del coronavirus que golpea al país.
Sur Florida / apnews
Pasadas las 8 de la mañana unas 57.000 casillas de votación en todo el país iniciaron actividades que extenderán por diez horas. Unos 93,6 millones de electores fueron habilitados para participar en la consulta popular sin precedentes en el país latinoamericano.
“Estamos listos para una jornada cívica ejemplar”, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, al dar la apertura a la consulta que aseguró que cuenta con “todas las bases legales necesarias conforme a nuestro marco constitucional”.
Al defender la actuación del INE frente a denuncias de no haber realizado una suficiente promoción de la consulta, Córdova indicó, en discurso que leyó durante la sesión del Consejo General, que se ejecutaron “todas las acciones institucionales técnicas de difusión y publicidad para que el día de hoy acudan el mayor número de ciudadanos”.
Cerca del mediodía Córdova anunció que se había instalado más del 94% de las casillas de votación y que sólo no pudieron abrirse siete mesas de votación en tres estados del norte y sur del país.
Las voces críticas de la consulta señalan que la pregunta que plantea es tan obvia que resulta ofensivo someterla a votación.
De modo que, ¿por qué celebra México un referendo nacional sobre si los expresidentes deben ser juzgados por ilegalidades que hayan cometido? México no tiene una amnistía formal para exmandatarios y no hay nada en la ley actual que diga que no puedan ser llevados ante la justicia si hay pruebas de que cometieron un delito.
Como dicen los opositores, “la justicia no se consulta, se aplica”.
“Es inhumano el despilfarro para la consulta cuando estamos en medio de una crisis sanitaria, económica, de desabasto de medicinas y aumento de la inseguridad”, afirmó el domingo Marko Cortés, presidente del Partido de Acción Nacional (PAN) — la principal fuerza opositora del país— al rechazar el referendo que consideró como una “burda propaganda”.
Cortés dijo en un comunicado que resultaba “irresponsable” que se arriesgue “innecesariamente la salud” de los mexicanos ante el incremento de los contagios del COVID-19.
Para comprender el ejercicio, algunos analistas estiman que hay que entender al presidente Andrés Manuel López Obrador que impulsó la consulta. Al mandatario populista le gustan las multitudes, y la pandemia le ha impedido celebrar los mítines masivos de cientos de miles de personas que le gustaba celebrar a menudo en la plaza principal de Ciudad de México cuando era candidato.
Necesita que el 40% de los votantes registrados -unos 37 millones de personas- participen el domingo, o el resultado no será vinculante. Aunque es improbable que López Obrador consiga que tanta gente acuda a votar, necesita al menos varios millones, y se ha esforzado por movilizar al electorado.
“La gente quiere democracia participativa, no solo democracia representativa”, dijo el gobernante la semana pasada al defender la consulta.
José Antonio Crespo, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, calificó el referéndum como “estrictamente un ejercicio de política y exposición a los medios”, y señaló que el resultado de la pregunta electoral no está en duda.
“La pregunta no es si la opción del ‘sí’ ganará, sabemos que el 90% o más votará por el sí”, dijo Crespo. “La pregunta es, ¿cuántas personas saldrán a votar? Muchos de nosotros no queremos que nos utilicen en una manipulación. Será un indicador de cuánta gente sigue apoyando a López Obrador, de cuánta capacidad tiene para movilizar a la gente ”.
Después de dos campañas sin éxito por la presidencia López Obrador ganó en el tercer intento a finales del 2018, prometiendo que “la venganza no es mi punto fuerte” y forjando una transición cordial con el expresidente Enrique Peña Nieto.
Crespo, como muchos mexicanos, cree que López Obrador llegó a un pacto de no agresión con Peña Nieto, acordando no ir tras él a cambio de promesas de una carrera presidencial limpia en 2018.
Pero todo, aunque quizás necesario, dejó a López Obrador corto en su principal promesa de erradicar la corrupción; tres años después de su mandato, tiene pocos procesos judiciales de alto perfil para demostrarlo. Las acusaciones de corrupción hechas por el exjefe de la petrolera estatal del país contra Peña Nieto y altos funcionarios de la administración anterior han resultado difíciles de llevar a juicio.
Por eso López Obrador busca la bendición del público para cambiar de rumbo y perseguir a los ex presidentes, dos de los cuales — Felipe Calderón (2006-2012) y Vicente Fox (2000 a 2006) — han estado entre sus más duros críticos.
En total, México tiene seis ex presidentes vivos, el mayor de los cuales tiene 99 años. El plazo de prescripción ha expirado para muchos de los abusos que se les acusa de cometer, la mayoría de los cuales involucran corrupción masiva, sobornos, despilfarro de dinero del gobierno y mala gestión económica criminal.
Peña Nieto se ha mantenido callado, pero muchos creen que, si se le provoca directamente, puede tener información dañina sobre López Obrador. Dos de los hermanos del presidente fueron grabados aceptando paquetes de dinero en efectivo mientras López Obrador era un candidato perenne de 2006 a 2018, lo que podría ayudar a explicar la decisión del presidente de lanzar la elección a la gente.
En cierto modo, parece que la historia se repite. Fox se convirtió en el primer candidato de la oposición en ganar pacíficamente la presidencia en la historia de México en 2000, lo que generó esperanzas con promesas de limpiar las “alimañas y serpientes negras” del gobierno. No cumplió esa promesa.
A López Obrador le gustan los referendos, a pesar de que en el pasado, los votos menos formales sobre proyectos específicos han atraído a pocos votantes. Además, necesita un esfuerzo masivo para reunir simpatizantes cuyo entusiasmo puede estar rezagado después de unos duros primeros tres años marcados por la continua violencia de los cárteles de la droga y una pandemia que ha dejado unos 360.000 muertos.
Pero si la apuesta era inspirar a la gente con el referéndum, ha fracasado. Los reguladores electorales reescribieron la pregunta del referéndum supuestamente para evitar la impresión de que los ex presidentes estaban siendo juzgados a priori.
