La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Luis Videgaray, por “falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos” cuando fue secretario de Relaciones Exteriores y titular de Hacienda y Crédito Público durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
SurFlorida / AP
Este departamento, encargado del control de los funcionarios, anunció la sanción el martes en un comunicado aunque aclaró que la decisión se tomó en mayo pero no se hizo pública hasta ahora para no interferir con el proceso electoral, que culminó en las elecciones del domingo.
La medida imposibilita a Videgaray, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y mano derecha del expresidente, para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante una década y es independiente de otras sanciones o investigaciones que pueda haber.
El exfuncionario, actualmente miembro de facultad de la Escuela de Administración Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts, negó haber ocultado información y, en un comunicado divulgado el martes en su cuenta oficial de Twitter, anunció que impugnará la decisión.
Además, indicó que en el oficio que recibió, las autoridades reconocen que no obtuvo “ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad de las declaraciones y que no se generó ningún daño o perjuicio económico”.
En su comunicado, la Secretaría de la Función Pública señaló que inició su investigación después de que Videgaray fuera vinculado a una compra irregular de una planta de fertilizantes que ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) también vinculado a la misma compra y que está siendo procesado en México por varios delitos de corrupción, involucró a Videgaray en distintas actividades de sobornos y financiación irregular de campañas electorales. Lozoya hizo un acuerdo con la fiscalía para colaborar con la justicia.
Desde entonces, Videgaray está en la mira de la fiscalía federal, que a finales del año pasado intentó obtener una orden de arresto contra el exfuncionario. Según dijo en aquel momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, un juez rechazó el pedido.
Los cargos al parecer estaban relacionados con una demanda legal presentada por Lozoya, quien alegó que Peña Nieto y Videgaray le ordenaron sobornar a legisladores, entre ellos cinco senadores, para que apoyaran reformas en el sector energético.
Otra alta funcionaria del gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles, extitular de Desarrollo Social y que también está procesada por uso ilícito de fondos públicos, también involucró a Videgaray en actos de corrupción.
El exsecretario ha negado todas las acusaciones de forma reiterada.
Tras los señalamientos del exdirector de Pemex, Videgaray emitió un comunicado en el que aseguró que “las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas”. Además, dijo, “son absurdas, inconsistentes, temerarias”.
“El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”, escribió entonces.
Al preguntarle sobre el caso de Videgaray, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dijo a la prensa que “cualquier ciudadano tiene que enfrentar la ley siempre en un procedimiento apegado” a ésta, pero planteó que no se debe “politizar la justicia ni judicializar la política” y que por pensar distinto “sea perseguido por el gobierno”.
