El abogado de un exlíder paramilitar colombiano pidió a una corte federal de Estados Unidos que obligue al secretario de Justicia William Barr a que lo deporte inmediatamente a Italia después que cumplió con una larga sentencia relacionada con tráfico de drogas.
Sur Florida/AP
La moción de emergencia fue interpuesta el lunes ante una corte federal en Washington a nombre de Salvatore Mancuso, ex alto comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La medida se presenta en momentos en que Colombia ha lanzado una campaña de último momento para impedir el traslado de Mancuso a Italia después que estropeó su solicitud de extradición, que tuvo que ser retirada el mes pasado.
El abogado de Mancuso arguye que Barr; Chad Wold, secretario interino de Seguridad Nacional, y otros cuatro funcionarios de alto rango del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) han tenido ilegalmente a Mancuso bajo custodia federal por más de los 90 días permitidos para el retiro de extranjeros. Junto a la petición se incluye una copia de la orden administrativa final de retiro con fecha del 15 de abril que obliga al DHS y al ICE a enviar a Mancuso a Italia, donde también cuenta con la ciudadanía.
El abogado migratorio Héctor Mora atribuye la demora a la fuerte presión del gobierno conservador de Colombia, que asegura que trabaja estrechamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos para enviar a Mancuso de regreso a Colombia. En caso de ser devuelto, Mora argumenta que su cliente posiblemente sea encarcelado o incluso asesinado a pesar de haber cumplido con las obligaciones establecidas en el acuerdo de paz que negoció en 2003, que establece sentencias máximas de ocho años en prisión para los líderes guerrilleros que confesaran sus crímenes
“A él y a su familia les aterra un posible regreso a Colombia”, escribió Mora a los funcionarios del ICE el 27 de marzo, el mismo día en que Mancuso completó una sentencia de 12 años en Estados Unidos por tráfico de cocaína.
Mancuso, de 55 años, fue el que más arrepentimiento mostró entre los exlíderes de las milicias derechistas que depusieron las armas, y su disposición para hablar de los crímenes de guerra de los paramilitares ha estremecido a la política colombiana.
En 2005 se jactó de que una tercera parte del Congreso de Colombia fue elegida con apoyo paramilitar, lo que suscitó una ola de investigaciones judiciales que enviaron a prisión a decenas de funcionarios por elección popular. Mora dijo que otros que continúan en el poder no han escondido su deseo de encontrar un tribunal colombiano que ordene el arresto de Mancuso en un “intento desesperado por silenciarlo”.
Mancuso “con sus amplias declaraciones se ganó enemigos en los más altos niveles del poder, incluyendo funcionarios de alto rango en el partido gobernante en Colombia y los círculos internos del gobierno actual”, escribió Mora.
El presidente colombiano Iván Duque ha exigido el regreso y encarcelamiento de Mancuso por “los delitos de lesa humanidad que cometió”. Por su parte, la fiscalía general dijo que trabajaba en una nueva solicitud de extradición después de que la AP reveló cómo tuvo que retirarse el primer intento después de que las autoridades se dieron cuenta de que un juez ya había cancelado la orden de arresto.
Aunque los tribunales colombianos le han atribuido a Mancuso la responsabilidad en más de 1.500 homicidios o desapariciones forzadas, muchos de esos crímenes no son reconocidos como delitos de acuerdo con la ley en Estados Unidos porque derivan de su posición en lo más alto de la cadena de mando de las AUC, no por órdenes específicas que hubiera dado. En 2001, Estados Unidos designó a las AUC como una organización terrorista extranjera.
La moción de emergencia presentada el lunes contiene nueva información sobre cómo Mora y Joaquín Pérez, el abogado defensor penal de Mancuso en Miami, lograron superar tácticamente a las autoridades colombianas. La batalla por el futuro de Mancuso ha atraído la atención de muchas víctimas de Mancuso así como de Human Rights Watch, que acusó a las autoridades colombianas de ser “particularmente negligentes ” en su intento por extraditar a Mancuso.
Según correspondencia entregada con la petición, Mancuso solicitó asilo en Estados Unidos —donde se les concedió protección a su exesposa y a su hijo menor— e indicó que él no se opondría a su deportación a Italia, pero impugnaría cualquier orden de enviarlo a Colombia.
Mora, en correspondencia con las autoridades estadounidenses en marzo, dijo que su cliente había comprado un boleto de ida a Roma y tenía un domicilio en Italia donde permanecería en cuarentena durante los 14 días posteriores a su llegada al país. Para acelerar su deportación, la familia de Mancuso también ofreció comprar los boletos de avión de dos funcionarios del ICE requeridos para escoltarlo.
Como parte de su petición, Mora incluyó el pasaporte italiano de Mancuso, que expiró en 2001; documentos de viaje facilitados el 14 de agosto por el consulado italiano en Miami, según la correspondencia incluida en la petición.
El Departamento de Justicia estadounidense y el ICE no respondieron de momento a una solicitud de comentarios.
