El alcalde de Doral, Luigi Boria, dijo que planteará ante el Concejo de la ciudad la erradicación de las cámaras automatizadas para multar a quienes no respeten los semáforos, al considerarlas como un innecesario mecanismo de recaudación tributaria.
“Estas cámaras se han convertido en una pesadilla para la gente de Doral”, dijo Boria a El Nuevo Herald. “Creo que estas cámaras sirven para sacarle dinero a la gente y aquí no tenemos la necesidad de seguir cobrando este tipo de impuesto indirecto”.
La sorpresiva iniciativa fue anunciada por Boria luego de que el Concejo acordara el martes, durante una audiencia municipal, diferir la discusión sobre una medida estatal que dispone la implementación de un panel de apelación de multas a partir del lunes.
Boria indicó que desde el 2011, la Ciudad de Doral mantiene un contrato hasta julio del 2014 con American Traffic Solution (ATS), una empresa con sede en Arizona que opera las cámaras instaladas a lo largo de la calle 36 del noroeste en las intersecciones con las avenidas 79, 87, 97 y 107.
Estas cámaras fotografían el registro de las placas de los vehículos que no respetan la luz roja. Luego, ATS envía una multa de $158 al domicilio del conductor.
El alcalde dijo que en Doral se ha recaudado alrededor de $1.4 millones al año, de los cuales cerca de $300,000 son destinados a las arcas municipales.
Boria agregó que ATS planea habilitar cámaras en otras siete esquinas de Doral, ante lo que expresó su férrea oposición.
“Me opongo absolutamente a ese plan”, dijo Boria. “No solo me opongo a que se instalen más cámaras de multas en nuestra ciudad, lo que busco es la eliminación de estas cámaras en Doral”.
La vicealcaldesa Bettina Rodríguez-Aguilera, junto con las concejales Christi Fraga, Ana María Rodríguez y Sandra Ruiz, han solicitado mayor información sobre el tema.
El miércoles, Rodríguez-Aguilera sostuvo que entendía la posición de Boria y de un amplio sector de la población de Doral al rechazar las cámaras de multas, pero indicó que algunas veces las autoridades deben tomar decisiones que “no eran populares”.
“Creo que en ciertos lugares las cámaras previenen los accidentes, en otros lugares no”, dijo Rodríguez-Aguilera. “Estoy de acuerdo en que cámaras en 11 esquinas será demasiado, pero para realmente tomar una decisión necesito más información”.
Fraga dijo que si la cancelación del contrato municipal era viable “sí apoyaría la iniciativa”.
“Si es posible hacerlo, yo estoy de acuerdo”, señaló Fraga. “Sin embargo, los concejales debemos tener más información para tomar una decisión”.
Por su parte, la concejal Ana María Rodríguez sostuvo que comprendía que las cámaras no eran populares pero consideraba que permitían prevenir los accidentes vehiculares.
“Si alguien sigue la ley no será multado”, afirmó Rodríguez durante la audiencia del martes. “La idea es prevenir los accidentes y las muertes”.
Los concejales ya han encargado un informe a la policía de Doral sobre las estadísticas de accidentes y otro al departamento legal sobre las penalidades que tendría que afrontar la ciudad ante una ruptura del contrato con ATS.
Boria se refirió a que en el 2011, la ciudad de Hialeah había cancelado unilateralmente un contrato que un año antes había suscrito con ATS para administrar cámaras en ese municipio.
Tras la aprobación de una medida impulsada por el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, el Concejo de esa ciudad aprobó la cancelación del contrato con ATS. Aunque se estimaba el pago de una penalidad por más de $1 millón, Hialeah negoció un pago a la empresa de unos $150,000.
Boria resaltó que antes de tomar cualquier medida, esperará el informe solicitado al Departamento Legal de Doral.
“En estos momentos se han aprobado ciertas regulaciones estatales que nos obligan a tener oficinas para los paneles de apelación que no estaban contempladas en el contrato original”, dijo Boria. “Ahora estamos a la espera de la recomendación legal, pero definitivamente estoy a favor de eliminar las cámaras”. (El Nuevo Herald)
