La guerrilla colombiana de las FARC anunció que ha decidido renunciar a las “retenciones de personas” con fines financieros y poner en libertad a los últimos diez uniformados que mantiene en condición de rehenes.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hicieron el doble anuncio en una declaración pública del secretariado o mando central rebelde, divulgada en su sitio en internet, y que el Ejecutivo no dejó pasar desapercibida.
“Valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario pero no suficiente en la dirección correcta”, afirmó el presidente Juan Manuel Santos en el primer trino del día en su cuenta de Twitter.
El secuestro ha sido una de las fuentes económicas de esta guerrilla, en actividad desde 1964, lo que la hace la más antigua del continente, y que incluso llevó esta práctica a una “ley” rebelde del 2000 relativa a la financiación de su lucha armada.
La renuncia a esta práctica era un llamamiento reiterado del gobierno y la sociedad civil a los insurgentes, a los que la dependencia que tiene a cargo la política antisecuestro atribuye el 26 por ciento de los 298 secuestros cometidos en 2011 en el país.
Los rebeldes reconocen de manera tácita haber escuchado el clamor al anunciar que “a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas (las retenciones de personas) en nuestra actuación revolucionaria”.
“Es un anuncio que considero que es trascendental, no solamente porque pone punto final al secuestro, que es una exigencia que le habíamos hecho desde mucho tiempo atrás y que se esperaba como un paso cierto en el camino hacia la paz”, dijo a Efe en Bogotá el representante a la Cámara y activista Iván Cepeda.
El legislador, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), recibe la decisión rebelde como “una noticia alentadora en términos de voluntad de paz”.
“Creo que, con este anuncio, las FARC están dando un paso significativo hacia la búsqueda de la paz en Colombia”, afirmó Cepeda, quien conforma el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), al que los insurgentes le han entregado en los años recientes una veintena de cautivos, entre políticos y uniformados.
Las misiones contaron primero con logística facilitada por Venezuela y luego por Brasil, país que la prestará ahora por solicitud del gobierno colombiano y los familiares.
La de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, es una “disposición generosa” que “aceptamos sin vacilación”, escribieron los rebeldes.
Con la ex congresista Piedad Córdoba a la cabeza, el CCP deberá intervenir en la anunciada puesta en libertad de los últimos diez militares y policías en manos de las FARC, que los hicieron cautivos entre 1998 y 1999, en distintas acciones y regiones, junto a otro uniformado que, según parece, perdió la vida en cautiverio.
Hasta antes de esta declaración, los rebeldes estaban comprometidos con la puesta en libertad de seis de ellos, incluido Carlos José Duarte, intendente de la Policía y padre de la adolescente Natalia Andrea, quien la semana pasada hizo una marcha de 64 kilómetros para exigir su entrega y la de los demás cautivos.
“Creo que de algo sirvió la caminata que hice (de la localidad de Fusagasugá) a Bogotá”, afirmó a Efe Natalia Andrea, quien tenía 4 años cuando su padre cayó en manos rebeldes.
La adolescente confía en que ahora sí pueda tenerlo de nuevo a su lado, que es la misma esperanza de las familias de quienes comparten con él como rehenes: los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcía, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y los policías César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina.
Pero Natalia Andrea también confiesa: “Hasta que no lo vea bajar de un helicóptero no lo creeré”.
Otro colectivo, la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), representa a las familias del intendente Duarte y de los demás rehenes.
“Ahora lloramos de alegría y no de dolor”, declaró la presidenta de esta organización, Marleny Orjuela, al aludir a la decisión de las FARC de entregarlos de manera conjunta.
La activista fue convocada por los rebeldes para que “acuda a recibirlos en la fecha acordada”, de la que nada se sabe públicamente.
“Nos alegramos mucho por ellos los diez secuestrados que van a liberar y por sus familias. El gobierno dará garantías sin circo mediado”, escribió también por Twitter el presidente colombiano.
