El Tribunal de Apelaciones de Barlovento autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombo-venezolano Álex Saab, testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, según informó este martes su defensa.
SurFlorida/infobae
La defensa de Saab, que está integrada por el ex juez español Baltasar Garzón, indicó en un comunicado que la decisión se adoptó el pasado 31 de julio pero no le fue comunicada hasta el 3 de agosto, cuatro días después.
A este respecto recordó que “Saab estaba esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley en la que ejercer, con igualdad de armas, su derecho a la defensa” ante el Tribunal de Barlovento, por lo que sus abogados han considerado que esta resolución judicial viola sus derechos.
“El Tribunal de Barlovento ignoró el derecho del enviado especial Saab a un remedio efectivo y justificó erróneamente su desatención del documento de oposición de la defensa, declarando que la ley solo le permite revisar la solicitud de extradición por motivos limitados”, han denunciado.
Sobre la cuestión de fondo, han criticado que “el Tribunal de Barlovento ha decidido de forma arbitraria, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación aprobar la extradición del señor Saab y, por tanto, su entrega al agente perseguidor por razones políticas, Estados Unidos”.
Además, han sostenido que “la decisión proferida es sumamente perturbadora, no solo del ordenamiento jurídico interno, sino también del ordenamiento internacional, y especialmente del Derecho Humanitario y de los Derechos Humanos, que han sido groseramente eliminados, algo que no encaja con la incuestionable adecuación al sistema judicial de Cabo Verde”.
Así las cosas, la defensa se ha mostrado “gravemente preocupada por el desconocimiento reiterado de las más elementales normas del debido proceso y del derecho a la defensa del señor Saab, que ve como se le está prejuzgando y condenando sin posibilidad de defensa alguna, lo que implica una actuación parcial”.
En consecuencia, anunció que apelará la extradición ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde y, si tampoco prospera, “se presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional”. En cualquier caso, “el señor Saab se reserva las acciones judiciales locales e internacionales a que hubiere lugar para hacer efectivos sus derechos”, avanzó.
