Una jueza federal desestimó el lunes la mayoría de las demandas interpuestas por activistas y grupos defensores de las libertades civiles en las que acusaron al gobierno del expresidente Donald Trump de violar los derechos civiles de un grupo de manifestantes, los cuales fueron retirados por la policía mediante el uso de sustancias químicas de un parque cercano a la Casa Blanca antes de que el entonces mandatario caminara a una iglesia aledaña para tomarse una fotografía.
Sur Florida / AP
La jueza de distrito Dabney Friedrich dijo que las denuncias, en las que se alegaba que Trump y el entonces secretario de Justicia William Barr habían conspirado para violar los derechos de los manifestantes en junio del año pasado, eran especulativas y que para la corte era prematuro concluir si las acciones de los agentes de las fuerzas de seguridad estaban justificadas.
Friedrich desestimó las demandas contra Barr y otros funcionarios federales, incluido el jefe interino de la Policía de Parques del país, Gregory Monahan, debido a que determinó que no había evidencia suficiente para probar que hubo algún acuerdo o plan para violar los derechos de los manifestantes. La jueza también dijo que la ley les otorga inmunidad en los litigios civiles.
En un fallo de 51 páginas, Friedrich sí permitió que procedieran las demandas contra el Departamento de Policía Metropolitana y el Departamento de Policía de Arlington, cuyos agentes participaron en el operativo para despejar el parque.
La demanda tiene su origen en uno de los momentos de mayor repercusión mediática de la presidencia de Trump, cuando policías federales y locales obligaron agresivamente a un grupo de manifestantes —en su mayoría pacíficos— a que se retiraran de la Plaza Lafayette, afuera de la Casa Blanca, disparando bombas de humo y balas de aerosol pimienta a la muchedumbre para dispersarla. Se vio a los agentes empujando a los manifestantes y a los periodistas mientras hacían retroceder a la multitud.
Barr ha dicho que se reunió con otros funcionarios de las fuerzas de seguridad ese mismo día para revisar un plan para ampliar el perímetro de seguridad de la Casa Blanca, ello con la finalidad de proteger a los agentes federales tras días de disturbios en Washington luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis.
Después de que la multitud fue dispersada a la fuerza, Trump —seguido por un séquito de sus principales asesores, incluido Barr, junto con agentes del Servicio Secreto y reporteros— caminó hasta la iglesia de San Juan, un edificio histórico donde cada presidente ha acudido a rezar, la cual había sufrido daños un día antes por un incendio durante una protesta.
La demanda fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles de Washington D.C.; el Comité de Abogados de Washington por los Derechos Humanos y Asuntos Urbanos; el Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley, y el bufete de abogados Arnold & Porter en nombre del grupo Black Lives Matter D.C. y manifestantes individuales que estuvieron presentes.
En un comunicado, Arthur Ago, el director del proyecto de justicia penal del Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley, dijo que el fallo sentaba un “precedente sumamente peligroso” y que exfuncionarios como Barr estaban “saliendo impunes”.
“Siempre defenderemos los derechos de aquellos que protesten pacíficamente por la justicia racial, y este fallo envía el mensaje erróneo para los intentos de hacer que la policía rinda cuentas en una época en que más se necesitan”, declaró Ago.
