23 de diciembre de 2024 9:38 AM

Joe Biden busca mejorar servicios legales para pobres, minorías

El presidente Joe Biden se apresta a tomar una serie de medidas el martes para mejorar el acceso de las minorías, las personas de escasos recursos y otros a la representación legal de calidad, servicios que disminuyeron durante el gobierno de su predecesor Donald Trump.

SurFlorida – AP

Biden firmará un memorándum que ordena al Departamento de Justicia restablecer funciones cruciales de la Oficina de Acceso a la Justicia y la Mesa Redonda de Ayuda Legal Interagencias de la Casa Blanca.

Los planes constan en un memo presidencial al que tuvo acceso en primer término The Associated Press. La Casa Blanca dijo que Biden ordenará a la mesa redonda a estudiar el impacto de la pandemia de coronavirus sobre el acceso a la justicia, tanto civil como penal.

La pandemia “ha puesto de manifiesto y exacerbado las desigualdades en nuestro sistema de justicia” a medida que se cercenaban los servicios legales, escribió Biden. Los problemas “han afectado la vida de muchas personas en este país, en particular las personas de bajos ingresos y las personas de color”.

Biden ha dado varios pasos hacia la reforma del sistema de justicia criminal y la promoción de la igualdad racial. La muerte de George Floyd hace casi un año ha provocado protestas globales en demanda de medidas contra el racismo estructural.

En su primer día en funciones, Biden formó una orden de priorizar la equidad en las operaciones de gobierno. Su proyecto de presupuesto incluye 1.500 millones de dólares para fortalecer los sistemas de justicia penal estatales y locales, incluyendo los defensores públicos. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el paso más reciente extenderá esas medidas.

Organizaciones promotoras de los derechos civiles y sus dirigentes han presionado al gobierno de Biden para que restablezca la Oficina de Acceso a la Justicia y sus funciones. El memo no habla de reabrir la oficina, pero ordena al secretario Merrick Garland presentar en plazo de 120 días un plan para ampliar el acceso a la justicia.

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