Durante tres años, María Macario tuvo miedo de salir del campanario blanco de la Primera Parroquia de las afueras de Boston.
Sur Florida/AP
Esta guatemalteca de 55 años se instaló allí para evitar ser deportada y vive en lo que supo ser un aula donde se daban clases los domingos, en la que se le instaló una pequeña cocina.
Su aislamiento se agravó con la pandemia del coronavirus. Se acabaron las reuniones en la iglesia y desaparecieron los voluntarios que cubrían turnos durante las 24 horas en caso de que se apareciese el servicio de inmigración. Para levantarle el ánimo, de vez en cuando le cantan desde afuera de la iglesia.
Macario espera que las cosas cambien ahora que Joe Biden está en la Casa Blanca. El nuevo presidente dijo que suspendería por 100 días la mayoría de las deportaciones y que favorece el que se le dé a casi 11 millones de personas con un status inmigratorio irregular la posibilidad de hacerse ciudadanos. Es un giro de 180 grados respecto a las políticas de línea dura de su predecesor Donald Trump.
“Es un alivio”, expresó Macario. “Siento como si me hubiesen sacado un gran peso de encima”.
La centroamericana es una de decenas de personas que se refugiaron en iglesias de Estados Unidos como último recurso para permanecer en el país. Muchos inmigrantes sin permiso de residencia, temerosos de ser deportados por el gobierno de Trump, tomaron distintas medidas para evitar ser pillados, dejando incluso de conducir vehículos.
Ahora tratan de aprovechar las nuevas circunstancias, a pesar de reveses como un fallo que impide a Biden suspender las deportaciones y la incertidumbre en torno a si el Congreso sacará adelante una reforma a las leyes de inmigración o no.
Quienes buscaron santuario consiguieron abogados para pedir ayuda a Biden. Quieren que se dejen sin efecto las órdenes de deportación y se permitan de nuevo leyes diseñadas para una persona o grupo. Los activistas demandaron asimismo al gobierno nacional.
“En los últimos cuatro años contuvimos la respiración, a la espera de cosas horribles”, expresó Myrna Orozco Gallos, del Servicio Mundial de Iglesias, un ministerio que ayuda a preparar a las iglesias para albergar inmigrantes.
La organización calcula que hay por lo menos 38 inmigrantes refugiados en iglesias. Dice que en determinado momento bajo el gobierno de Trump hubo más de 70.
El movimiento santuario moderno comenzó en la década de 1980, cuando centroamericanos que le escapaban a la guerra y la pobreza vinieron a Estados Unidos y las iglesias les dieron protección. Fue revivido en el 2006 por Elvira Arellano, una inmigrante mexicana que se instaló en una iglesia de Chicago, en la que todavía hay un retrato suyo cerca del altar.
Históricamente los agentes del servicio de inmigración no se presentan en iglesias, escuelas y parques infantiles en busca de inmigrantes sin papeles. En el 2011 el gobierno de Obama prohibió que lo hiciesen.
El gobierno de Trump asumió una postura mucho más dura y detuvo a un inmigrante indonesio en una iglesia el año pasado. También multó con hasta 500.000 dólares a varias personas por buscar refugio, acusándolas de no acatar la orden de irse del país.
Envalentonados por la partida de Trump, cuatro activistas de Texas, Ohio, Utah y Virginia demandaron al Departamento de Seguridad Nacional por estas multas, diciendo que fueron “aplicadas en forma selectiva” por su militancia a favor de los inmigrantes sin papeles. Las multas fueron reducidas a 60.000 dólares cada una, pero la mujer dice que no pueden pagarlas.
Varias personas refugiadas en iglesias se presentaron hace poco en un acto del representante demócrata Joaquín Castro y pidieron a Biden que anule las órdenes de deportación y facilite las leyes para individuos, que son un último recurso para regularizar su status inmigratorio.
Alex García, un hondureño que vive en una iglesia de un suburbio de San Luis desde hace tres años, fue una de las pocas personas cobijadas por una ley para él hasta que fue anulada por el Congreso. Cansado de la violencia y la pobreza de su país, ingresó ilegalmente a Estados Unidos y fue detenido en el 2015, cuando acompañaba a su hermana a una oficina del servicio de inmigración para solicitar asilo.
“Todos necesitamos protección para poder permanecer aquí, con nuestras familias, sin la amenaza de ser deportados”, manifestó García.
Francisca Lino pensó que la amenaza había desaparecido cuando Biden anunció la moratoria a las deportaciones a partir del 22 de enero.
Después de pasar más de tres años en una iglesia de Chicago, esta mexicana, madre de cinco hijos estadounidenses, recogió sus cosas y se fue para la casa de su familia.
Llevaba apenas tres noches allí cuando un juez dejó temporalmente sin efecto la moratoria. Lino lloró al enterarse. Ya se había perdido el nacimiento de su nieto, graduaciones y una operación de su hijo cuando vivía en la Adalberto Memorial United Methodist Church.
Regresó al santuario.
“Mis hijos merecen tener a su madre en la casa”, dijo Lino. “No soy una delincuente. No hice nada malo. Solo quiero una vida mejor para mi familia”.
Si bien la suspensión de la moratoria fue un duro revés, Biden dispuso una revisión de los criterios de deportación e instruyó a las autoridades que mientras tanto se enfocasen en la gente con antecedentes policiales graves o que representa una amenaza para la seguridad nacional o el público.
Algunas personas refugiadas en santuarios están tratando de aprovechar el tiempo.
En la Primera Parroquia de las afueras de Boston, Macario toma clases de inglés que le dan voluntarios vía Zoom casi todas las mañanas. Empezó a aprender piano y resultó muy buena tejedora. Junto a una silla hay una bolsa llena de sombreros de invierno y otros accesorios que tejió con fines caritativos.
“Es duro”, dijo Macario, quien cruzó la frontera ilegalmente en los años 90, en que hubo una ola de llegadas de guatemaltecos que le escapaban a años de guerra civil. “No es lo mismo que estar en la cárcel, pero en algunos sentidos es parecido”.
A menudo se pregunta si le falló a sus tres hijos nacidos en Estados Unidos al refugiarse en la iglesia.
El menor, Saúl, dice que no la culpa. El muchacho de 19 años dejó de asistir a la secundaria en medio del revuelo familiar, que incluyó la deportación de su padre y de su hermano mayor luego de que les negasen asilo.
Se instaló en la iglesia durante la pandemia para acompañar a su madre y tratar de reencaminar su vida. Sacó el equivalente a un diploma de la secundaria y consiguió trabajo en una tienda de la cadena Whole Foods.
“Es mi sostén”, dice Saúl Macario, aludiendo a su madre. “La necesito a mi lado”.
María Macario espera que su familia puede reunirse de nuevo, incluidos su esposo e hijo deportados. Su abogado inició los trámites para ver si sus pedidos de asilo son reconsiderados.
Ella, no obstante, dice que sabe que no puede albergar demasiadas esperanzas en el nuevo presidente. Después de todo, a su familia se le ordenó irse del país bajo el gobierno demócrata de Barack Obama, del que Biden era vicepresidente.
“Mis abogados dicen que puedo irme de la iglesia hoy, pero yo no me confío”, expresó Macario. “Todo es demasiado nuevo. No quiero correr el riesgo”.
