Haití, sumido en la crisis y el caos, encara un futuro incierto tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse al que siguió un supuesto tiroteo en el cual, según las autoridades, la policía mató a seis sospechosos del magnicidio, detuvo a otros seis y liberó a tres policías tomados como rehenes.
Sur Florida / apnews
Las autoridades prometieron hallar a todos los responsables del asalto a la residencia de Moïse el miércoles por la madrugada, que mató al presidente y dejó herida de gravedad a su esposa, Martine Moïse. Ella fue trasladada a Miami para recibir tratamiento.
“La persecución de los mercenarios continúa”, dijo el director de la Policía Nacional, Léon Charles, el miércoles por la noche al anunciar los arrestos. “Su destino está resuelto: caerán en combate o serán arrestados”.
El jueves, Charles dijo a Radio Métropole que en total seis sospechosos fueron arrestados y siete asesinados y que la policía sigue en busca de más involucrados.
Las autoridades no revelaron los nombres, edades, nacionalidades ni otros detalles de los sospechosos ni se refirieron a los motivos o cómo la policía determinó que eran los presuntos autores del crimen. Se limitaron a decir que el ataque, condenado por los principales partidos de oposición y la comunidad internacional, fue perpetrado por un “grupo altamente entrenado y fuertemente armado” cuyos miembros hablaban español o inglés.
El primer ministro Claude Joseph asumió el gobierno con el respaldo de la policía y las fuerzas armadas y decretó un estado de sitio de dos semanas tras el asesinato de Moïse, que provocó estupor en un país que sufre los más altos niveles de pobreza, violencia e inestabilidad política del continente americano.
La inflación y la violencia pandillera están por las nubes mientras escasean los alimentos y combustibles y el 60% de los trabajadores haitianos ganan menos de 2 dólares diarios. Haití aún no termina de recuperarse de un terremoto devastador en 2010, el huracán Matthew en 2016 y una larga historia de dictaduras e insurrecciones.
En el extranjero, familiares y amigos de los haitianos se preguntan qué sucederá.
“Hay un vacío ahora y tienen miedo de lo que sucederá a sus seres queridos”, dijo Marlene Bastien, directora ejecutiva del Family Action Network Movement, que ayuda a la gente en el barrio Pequeña Haití en Miami.
Es importante, dijo, que el gobierno estadounidense asuma un papel mucho más activo en el apoyo a los intentos de un diálogo nacional con el fin de realizar elecciones libres, imparciales y creíbles.
Haití se había vuelto cada vez más inestable durante el gobierno de Moïse, quien gobernó por decreto más de un año y se enfrentó a violentas protestas cuando los críticos lo acusaron de tratar de acumular más poder mientras la oposición exigía su renuncia.
Según la Constitución haitiana, Moïse debería ser reemplazado por el presidente de la Corte Suprema, pero él falleció hace poco por COVID-19, dejando abierta la cuestión de quién podría suceder legítimamente en el cargo.
Por otra parte, estaba previsto que Joseph fuera reemplazado por Ariel Henry, un neurocirujano que había sido nombrado primer ministro por Moïse un día antes del asesinato.
Henry le dijo a The Associated Press en una breve entrevista que él es el primer ministro, pero admitió que se trataba de una situación excepcional y confusa. En otra entrevista con Radio Zenith, dijo que no tenía ninguna disputa con Joseph. “Sólo estoy en desacuerdo con el hecho de que la gente haya tomado decisiones apresuradas … cuando el momento exige un poco más de serenidad y madurez”, dijo.
Moïse enfrentó enormes protestas en los últimos meses, que se tornaron violentas cuando los líderes de la oposición y sus partidarios rechazaron sus planes de realizar un referéndum constitucional con propuestas que fortalecerían la presidencia.
El jueves, el transporte público y los vendedores ambulantes seguían siendo escasos, un espectáculo inusual para las calles normalmente bulliciosas de Puerto Príncipe.
Después del asesinato, se escucharon disparos intermites en toda la capital, un triste recordatorio del creciente poder de las pandillas que desplazaron a más de 14.700 personas en junio mientras incendiaban y saqueaban casas en una pelea por el territorio.
___
Coto reportó desde San Juan, Puerto Rico. Los periodistas de The Associated Press Richard Luxama en Puerto Príncipe y Joshua Goodman en Miami contribuyeron para este despacho
