El gobierno de Ecuador acusó al correísmo de impulsar un “golpe de Estado”, luego de que una comisión del Congreso sugirió la destitución del presidente Guillermo Lasso, al considerar que incumplió la ley por tener inversiones en paraísos fiscales cuando se postuló a la presidencia; hecho señalado en los Pandora Papers.
Sur Florida / diariolasamericas
“El gobierno nacional de Ecuador reconoce que es la posición sectaria del grupo de asambleístas de UNES (Unión por la Esperanza), empeñados en debilitar la democracia ecuatoriana e impulsar un golpe de Estado”, señaló el ministerio de Gobierno (Interior) en un comunicado.
En el texto oficial se señala que “quien impulsa esa desestabilizaciones aquel que organizó la más vasta trama de corrupción conocida en la historia del Ecuador, de la que lucró junto con su vicepresidente y sus ministros”.
También, se responsabiliza al expresidente Rafael Correa, quien salió de Ecuador al finalizar su mandato socialista y ahora vive en Bélgica por haber sido condenado por cohecho agravado por la justicia que él nombró, quien fugó del país para escapar de la cárcel “ese busca la vía de la traición a la voluntad popular tratando de gestar un golpe de Estado”, expresa el texto.
Corresitas a la defensiva
El partido Unión por la Esperanza (UNES) es, sin ser mayoría, la principal fuerza del congreso con 48 de los 137 escaños. Su máximo líder, el expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), que vive en Bélgica, es considerado un prófugo de la justicia de Ecuador, donde fue sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho.
“Quien impulsa esa desestabilización” es “quien fue condenado por cohecho”, “quien fugó del país para escapar de la cárcel”, indicó el comunicado, sin mencionar directamente a Correa.
El exgobernante respondió tildando de “locura” el comunicado del gobierno. “Tenemos un presidente que es una vergüenza mundial”, escribió en Twitter Correa.
En otro post anotó: “El mundo acusa a Lasso, y Lasso me insulta a mí. ¡Qué honor! En su desesperación, no entiende que son 600 periodistas de 90 países que le dicen CORRUPTO”.
El ministerio agregó que “el gobierno hará uso de todas las herramientas legales y constitucionales para enfrentar la aventura golpista del correísmo”.
La comisión de Garantías Constitucionales, con el voto de la mayoría, aprobó la víspera un informe no vinculante en el que recomendó a la unicameral Asamblea Nacional que “verifique la inobservancia” por parte de Lasso de las normas que prohíben a candidatos y funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales.
Ante ese incumplimiento, el Congreso debería aplicar un artículo constitucional que le faculta a destituirlo “por grave crisis política y conmoción interna”, según opinión de la comisión.
El Ejecutivo señaló el viernes que la comisión “ha irrespetado el debido proceso y que su actuación carece de validez jurídica”.
El ministerio de Gobierno estimó el sábado que en la resolución de la comisión “se podría advertir sin equívocos el afán político de desestabilizar la institucionalidad democrática”. Además criticó a la comisión al considerar que demostró “incapacidad operativa, técnica y ética” para analizar los “Pandora Papers”.
Según esa investigación periodística, el mandatario controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que Correa -principal opositor de Lasso- aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
Lasso se ha defendido argumentando que tuvo “inversiones legítimas en otros países”, pero que se deshizo de ellas para ser candidato.
