Gobierno de Florida ofrece asistencia de alquiler: moratoria de desalojo en peligro tras debate.
SurFlorida – Diario Las Américas
Mientras magistrados debaten la legalidad de la moratoria de desalojo, los gobiernos federal y estatal de Florida crean un fondo de asistencia de alquiler, que está destinado a paliar las necesidades económicas para asegurar la existencia de un lugar donde vivir.
Por ello, la autoridad estatal de Niños y Familias (DCF) anunció la existencia del portal en Internet OURFlorida.com, en el que las personas interesadas deben contestar una serie de preguntas para definir elegibilidad acorde a sus ingresos.
De esta manera, se dará prioridad a quienes demuestren ingresos iguales o inferiores al 50% de la media de la localidad donde reside y a las familias que perdido sus empleos en los últimos 90 días.
También hay ayuda para personas cuyos ingresos son iguales o inferiores al 80% del nivel medio.
Por ejemplo, en el condado Miami-Dade si una persona vive sola y gana menos de 50.650 dólares brutos, antes de pagar impuestos y contribución a Seguridad Social y Medicare, podría ser elegible para obtener la ayuda.
En el caso de tres personas, incluyendo menor si es el caso, el núcleo familiar debe percibir menos de 65.100 dólares brutos.
De hecho, el Gobierno federal entregó a Florida 1.400 millones de dólares para asistencia de alquiler, de los que 800 millones son utilizados actualmente.
“Las familias con ingresos menores están al borde de la falta de vivienda, y este programa proporcionará ayuda para mantener a las familias estables y en sus hogares”, señaló la secretaria del DCF, Shevaun Harris.
En octubre el gobernador Ron DeSantis no renovó la moratoria de desalojo, después de haberla tenido en pie desde marzo 2020, cuando apenas comenzaba la primera ola de coronavirus que tantos cierres y desempleo causó.
Entretanto, la orden federal antidesalojo se mantiene en pie, aunque en espera de un fallo del tribunal de apelaciones en Washington DC, después de que un juez dictaminara que la moratoria es “ilegal” porque “trasciende la autoridad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades”.
