A finales de la semana se firmaron leyes muy estrictas para enfrentar la proliferación de migrantes en USA, de acuerdo a los objetivos del presidente Donald Trump. El viernes 14, el gobernador de Florida, el republicano Ron De Santis, suscribió una de las leyes más severas en Estados Unidos contra las llamadas ciudades santuario, que protegen a los indocumentados, y que obliga a las policías locales a cooperar con las autoridades migratorias para lograr su deportación.
Animado por el aplauso de los asistentes al acto oficial, el mandatario republicano aseguró durante la firma de la iniciativa que estaba dando cumplimiento a una de sus promesas de campaña de “luchar contra la inmigración ilegal”.
El proyecto, aprobado en abril pasado por el Legislativo de Florida, de mayoría republicana, entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio y otorga tres meses de margen a las autoridades policiales para ponerlo en marcha.
DeSantis, aliado de la política antiinmigrante del presidente Donald Trump, firmó la ley contra ciudades santuario en Florida pese a la resistencia y protestas de grupos pro-inmigrantes que se desplazaron a Tallahassee, la capital estatal, durante varias semanas para mostrar su rechazo durante su trámite legislativo.
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés) lamentó este viernes la promulgación de la ley en un estado con un 20 por ciento de población inmigrante y anunció que “podría haber desafíos legales” para su implementación.
La nueva ley contra las ciudades santuario en Florida obliga a que todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía no solo tengan que cumplir con la ley federal de inmigración, sino que también trabajen con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) para detener y deportar a los inmigrantes.
Reacciones
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en ingles) lamentó la promulgación de la ley en un estado con 20 % de población inmigrante y anunció que “podría haber desafíos legales” para su implementación.
El proyecto de ley fue sido semilla de encendidos debates esta semana en la Cámara de representantes y bajo la presión de sacar adelante un texto consensuado y revisado antes de que acabe mañana viernes el actual periodo de sesiones del Legislativo floridano, controlado por el Partido Republicano.
“Las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley pueden y deben trabajar con el gobierno federal para garantizar que la responsabilidad y la justicia sean una en nuestro estado”, declaró DeSantis, poco después de conocida la votación en abril.
Por medio de un comunicado, el gobernador recordó en aquel momento que a comienzos de este año pidió a la Legislatura de Florida le enviara en esta sesión un proyecto de ley “que respete el estado de derecho y aborde las ciudades y condados santuarios”. “Somos un estado más fuerte cuando protegemos nuestros residentes, fomentamos comunidades seguras y respetamos el trabajo de la policía en todos los niveles”, agregó.
El Partido Demócrata de Florida se lamentó entonces de que fracasaron todas las enmiendas al proyecto con las que buscaban, entre otros, “proteger a los solicitantes de asilo y víctimas de delitos”. “El SB-168 fomenta el odio contra los inmigrantes, y afecta a todas las comunidades, incluyendo a los venezolanos, cubanos y nicaragüenses que han huido de regímenes autoritarios”, señaló en un comunicado la presidenta de los demócratas en este estado, Terrie Rizzo.
Uno de cada cinco residentes de este estado es inmigrante. La mayoría provienen de países de habla hispana como Cuba, Venezuela, México o Perú; también los hay del caribe francófono y anglosajón, Haití, Barbados, Trinidad y Tobago.
Rizzo agregó que de ser un estado que daba la bienvenida a los inmigrantes que buscaban un mejor futuro, “ahora se ha convertido en la máquina de separación de familias y deportación del Partido Republicano de Florida”.
De acuerdo a medios locales, a lo largo del actual periodo de sesiones se hicieron en ambas cámaras 244 enmiendas a la iniciativa, en una gran mayoría ingresadas por los demócratas que buscaban también eximir del cumplimiento de la inminente ley a las escuelas, personal de emergencias y bomberos.
