Isaiah Obet se comportaba de manera errática durante una crisis mental en 2017 cuando el agente Jeff Nelson ordenó a su perro policía que atacara y después disparó a Obet en el torso. Obet cayó al suelo, Nelson disparó de nuevo y mató a Obet de un tiro en la cabeza. El agente dijo que su vida corría peligro.
Sur Florida / AP
Al año siguiente, Joseph Allen cruzaba por delante del auto patrulla de Nelson cuando el agente hizo un giro brusco y le embistió contra una cerca, rompiéndole los dos tobillos. Su justificación: Allen era un delincuente peligroso.
En 2019, Nelson tuvo un forcejeo con Jesse Sarey después de intentar detenerle por alteración del orden. Le dio varios puñetazos y después le disparó en el torso. Después de que Sarey cayera al suelo, Nelson le mató con un segundo disparo en la frente. Afirmó que Sarey estaba sobre las manos y las rodillas “listo para saltar hacia delante”, algo que el video y los testigos desmintieron más tarde.
Las acciones de Nelson en los tres casos quedaron recogidas en una denuncia, declaraciones de testigos y un video tomado por la cámara de un auto patrulla a los que tuvo acceso The Associated Press.
En la última década, Nelson ha sido investigado en más de 60 casos de abuso de fuerza que incluían estrangular a sospechosos hasta que se desmayaron, graves mordeduras de perro y un uso de la fuerza que requirió atención médica. Pero hasta el año pasado no fue incluido en una lista de la fiscalía del condado King que identifica a los agentes cuya credibilidad está en duda debido a sus malas prácticas, una designación que debe compartirse con los abogados defensores.
Nelson no fue incluido en su Lista Brady, o de “posible revelación de reprobación” hasta que mató a Sarey. El juicio se ha fijado para febrero de 2022. Mohammad Hamoudi, abogado defensor federal público, afirmó que todos los casos de Nelson deberían revisarse, dado su historial. Y confía en que su historia anime a los fiscales a seguir la pista de los casos de fuerza excesiva que implican a otros agentes de policía.
“Tiene que ver con el respeto a las normas, a las leyes y a los demás”, dijo. “Si un agente carece de control de impulsos o de la capacidad de ejercer un juicio informado, se puede cuestionar cómo investiga los casos”.
El asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía de Minneapolis ha desencadenado una conversación nacional sobre la reforma policial, que abarca desde la retirada de financiación a los departamentos policiales a una mejora de la instrucción. Pero los defensores de las reformas y activistas de derechos civiles dicen que los fiscales ya tienen potentes herramientas a su disposición para limitar el mal comportamiento de la policía. Pueden utilizar las Listas Brady para identificar a los agentes con historiales cuestionables.
AP descubrió que en ocasiones, la fiscalía ni siquiera elabora las listas, y en todo el país hay enormes diferencias en las infracciones que llevan a los policías a aparecer en ellas. A menudo, un uso excesivo de la fuerza no supone entrar en las listas.
AP también descubrió que muchos fiscales y sindicatos policiales han hecho grandes esfuerzos por impedir que la información de la Lista Brady se haga pública.
Ahora, abogados defensores, abogados de oficio, grupos de derechos civiles e incluso algunos fiscales piden que se utilicen más estos mecanismos y se amplíe el número de infracciones que llevan a incluir a un agente, mientras que los sindicatos policiales se resisten a esos esfuerzos.
Amy Parker, del Departamento de Defensa Pública del Condado King, dijo que es imperativo que el historial violento de los agentes quede al descubierto.
“Como abogada pública de carrera, he escuchado de forma habitual a los fiscales argumentar que los acusados con antecedentes de delitos violentos y uso ilegítimo de la fuerza son propensos a la violencia y carecen de credibilidad”, indicó en un correo electrónico. “Si la fiscalía va a aplicar ese criterio a los acusados, entonces debería aplicarse el mismo criterio a los agentes de policía cuando se juzga su conducta”.
El fiscal del condado King Dan Satterberg alegó que el uso excesivo de la fuerza no hace menos creíble a un agente. “Un agente acusado de utilizar demasiada fuerza en una detención no relacionada no tiene nada que ver con que se impugne su veracidad”, dijo.
Las Listas Brady se crearon tras un fallo en 1963 de la Corte Suprema en el caso Brady contra Maryland, que obligaba a los fiscales a entregar evidencias exculpatorias a los abogados defensores, incluida información que pueda utilizarse para poner en duda la credibilidad de los agentes. Pero el veredicto no definió las medidas que deben tomar fiscales y departamentos policiales para asegurarse de que los acusados están informados, ni especifica si deben mantenerse esas listas de agentes cuestionados.
Fiscales en Atlanta, Chicago, Tulsa y Pittsburgh dijeron a AP que no llevan un registro de agentes con problemas de disciplina, y la fiscalía de Milwaukee sólo tenía una lista de agentes condenados de delitos.
La lista de la fiscalía del condado Dallas tenía 192 nombres por infracciones como testimonios falsos, condenas por robo, agresión y conducción bajo los efectos del alcohol. La lista del condado Suffolk, Massachusetts, incluía a agentes que habían mentido sobre sus horas de trabajo o desviado fondos. La fiscalía de distrito de la región de Orleans, en Luisiana, llevaba un registro de agentes que habían cometido delitos, mentido o manejado de forma peligrosa, pero no de las detenciones violentas.
La falta de honestidad hace que un agente entre en las listas de Detroit, Denver y Seattle, pero emplear una fuerza excesiva no.
La fiscalía de distrito de Phoenix, al igual que fiscales en el condado Orange, Florida, y en Los Ángeles, estaban entre los pocos que encontró AP que incluían el uso excesivo de la fuerza en sus listas.
“El resultado es que no tienes los mismos procedimientos no sólo en todo el país, sino dentro de cada estado”, explicó Will Aitchison, abogado de Labor Relations Information Systems, en Portland, Oregon, que representa a agentes que han apelado expedientes disciplinarios.
Algunos estados han intentado aprobar legislación que abordaría la falta de consistencia. Los legisladores del estado de Washington aprobaron una ley este año que exige a los fiscales de condado que redacten protocolos para reunir posible información reprobatoria para julio de 2022.
La legislatura de California aprobó el año pasado una ley que requería a los fiscales que mantengan una lista de agentes que han tenido incidentes “continuados de conducta de bajeza moral o prejuicios contra grupos”, pero el gobernador, Gavin Newsom, vetó la medida debido al coste de un “mandato estatal tan significativo”.
