Migrantes centroamericanos ansiosos por evitar una ofensiva de México en su frontera sur con Guatemala ingresaron al país el jueves, mientras el gobierno se preparaba para enviar a miles de efectivos de la Guardia Nacional a vigilar el poroso límite.
México acordó con Washington demostrar antes de fines de julio que puede contener un aumento de migrantes que se dirigen a Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a todos los productos mexicanos.
El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo esta semana que el país reforzaría el control de su frontera sur, incluido el envío de 6,000 miembros de la Guardia Nacional. El despliegue debía comenzar el miércoles, aunque testigos no vieron señales de ello.
Cuando amanecía el jueves, una familia de migrantes hondureños, que usó una balsa para flotar sobre un estrecho cruce del río Suchiate desde Guatemala, caminaba con dificultad en suelo mexicano, en el estado de Chiapas.
“Nos decían que iba a llegar la guardia nacional”, comentó Melvin Ochoa, de 28 años, con su hija de 20 meses. Junto a él estaba su esposa embarazada. “Nos dio prisa. Estoy presionando para continuar más rápido para que no nos atrapen”.
El viaje fue especialmente arriesgado para la esposa de Ochoa, a quien le falta un mes para dar a luz. Ella se negó a dar su nombre.
“Pero los riesgos en el hogar eran peores”, dijo Ochoa, explicando que la familia había huido de prestamistas afiliados a una pandilla criminal que exigía dinero incluso después de haberles pagado. “Si no, nos iban a matar”.
Detrás de ellos, el constante tráfico diario del río continuaba, sin ningún funcionario mexicano a la vista. Los funcionarios de migración permanecieron a la sombra de los puestos migratorios en un puente que une a México y Guatemala.
Balsas improvisadas hechas de tablones de madera llevaban cerveza, café y otros artículos de contrabando del mercado negro hacia Guatemala. Media docena más se dirigían hacia México atestadas de centroamericanos que huían de la violencia y la pobreza.
“No se ha visto un aumento”, dijo un oficial de policía en un punto de control migratorio en una carretera hacia el norte, cuando se le preguntó si había notado más fuerzas de seguridad. Pidió no ser identificado porque no tenía permiso para hablar con la prensa.
México y Estados Unidos negociaron un acuerdo de inmigración la semana pasada para evitar que Washington imponga aranceles a partir del 5% a los productos mexicanos. El gobierno mexicano ha acordado considerar cambiar sus leyes de migración después de 45 días si no puede detener el flujo de viajeros indocumentados.
El enfrentamiento en la frontera ha presionado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha pedido la unidad nacional, describiendo la amenaza arancelaria como injusta, pero prometiendo evitar la confrontación con Estados Unidos, el mayor socio comercial de México.
Al amenazar con elevar los aranceles sobre las importaciones mexicanas hasta 25%, Trump quiere que México acepte a los solicitantes de asilo como parte de su esfuerzo por frenar el flujo de migrantes.
Bajo el acuerdo alcanzado la semana pasada, decenas de miles de personas podrían ser enviadas de regreso a México antes de fines de este año, ejerciendo una mayor presión sobre las autoridades migratorias mexicanas, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.
“Esto se ha convertido en un problema nacional”, afirmó a Reuters.
Información: VOA
