El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, renunció el martes a su curul en el Senado para asumir su defensa en una investigación en su contra de la Corte Suprema de Justicia por soborno de testigos y fraude procesal, la que lo mantiene bajo arresto domiciliario.
Sur Florida / Reuters
Con la renuncia de Uribe al Senado, el Partido Centro Democrático que tiene 51 de las 280 curules en el Congreso, pierde a su principal líder en momentos en que el presidente Iván Duque busca impulsar reformas económicas y sociales para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus.
“Me dirijo a usted para presentar renuncia al Senado de la República”, dijo el político de 68 años en una carta enviada al presidente de esa corporación legislativa, Arturo Char. “La lucha por la defensa de la libertad de Colombia es un imperativo irrenunciable”.
Uribe, quien gobernó a Colombia entre el 2002 y el 2010, periodo en el que lideró una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista, fue el senador más votado en las pasadas elecciones legislativas de 2018 con más de 875.000 sufragios y es el mentor del presidente Duque.
El expresidente, un político muy popular y polémico en Colombia, permanece bajo arresto en una finca cerca de Montería, la capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención citando obstrucción a la justicia en un proceso en el que es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de derecha.
El exmandatario ha declarado repetidamente su inocencia en medio de acusaciones de que sus aliados realizaron manipulación de testigos en un intento de desacreditar supuestos vínculos con paramilitares.
La orden de arresto aumentó la polarización política y activó voces a favor y en contra del sistema judicial colombiano.
Es la primera vez en la historia de Colombia que la Corte Suprema de Justicia ordena privar de la libertad a un expresidente.
Duque y otros aliados de Uribe solicitaron a la corte permitirle al expresidente defenderse en libertad y argumentaron que su arresto domiciliario es injusto, comparándolo con los exlíderes de la desmovilizada guerrilla de las FARC a quienes otro tribunal les ha permitido permanecer libres mientras avanzan sus procesos por crímenes de guerra.
