La Fiscalía boliviana anunció el martes que pedirá la comparecencia de Evo Morales en una audiencia por una querella en su contra interpuesta por el gobierno interino por presunta sedición y terrorismo, un día después que el partido político del expresidente sorteó una demanda que buscaba sacarlo de carrera en las elecciones del 18 de octubre.
Sur Florida / AP
El pedido se da al calor de la campaña de unos comicios trascendentales para la nación andina y en medio de reiteradas denuncias del exmandatario, quién está refugiado en Argentina, de que es blanco de persecución política.
El fiscal Antonio Cossío declaró a la prensa que Morales debe comparecer en una audiencia, de la que no precisó la fecha. “Si no se presenta, el juez declarará rebelde a Morales, a quien se notificará mediante Interpol”, dijo.
Señaló que el demandado está obligado a concurrir a la audiencia cautelar en la que el juez evalúa los riesgos de una obstaculización del proceso. En caso de ausencia, puede librar una orden de detención que sería la primera ordenada por un juez en contra del político.
Morales enfrenta media docena de demandas penales. El gobierno lo acusa de sedición y terrorismo por supuestamente ordenar a sus seguidores cercar ciudades para impedir el paso de alimentos y combustible durante las protestas de finales del año pasado que le obligaron a renunciar por sospechas de fraude en las anuladas elecciones en que buscaba un cuarto mandato.
Su dimisión en noviembre del año pasado sumió a Bolivia en el caos tras la muerte de 36 personas en las manifestantes callejeras a favor y en contra.
Morales también está demandado por presunto estupro. Tiene otro juicio por fraude electoral e incluso una querella ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad por presuntamente instigar protestas con cortes de rutas que impidieron el suministro normal de oxígeno a los hospitales durante la pandemia del nuevo coronavirus.
Por la tarde, la Procuraduría General del Estado (PGE) pidió al Ministerio Público imputar Morales y a su entorno por el delito de fraude electoral y por “alteración y ocultación de resultados electorales”, así como “manipulación informática en procesos electorales”.
“En la gestión de Morales hubo un gigantesco fraude electoral con el objetivo de burlar la voluntad popular, evitar la segunda vuelta electoral, en beneficio de los candidatos del binomio del Movimiento al Socialismo (MAS) y en perjuicio del resto de candidatos de los demás partidos y alianzas”, se lee en el memorial que presentó la Procuraduría ante la Fiscalía.
La ONG Human Righ Watch (HRW) dijo hace unas semanas que la acusación de sedición es “exagerada” y sin sustento legal, por lo que acusó al gobierno de presionar a la justicia con fines políticos. Los críticos acusaron a Morales de hacer lo mismo durante sus 14 años en el poder.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU también ha cuestionado al gobierno de usar la justicia con fines de persecución política.
Mientras tanto, un juez desechó el lunes una demanda para sacar de la carrera electoral al Movimiento al Socialismo (MAS) —el partido de Morales— por supuestamente difundir encuestas cuando la norma lo impedía, en un fallo que fue festejado por partidarios del expresidente en las puertas del tribunal.
El candidato presidencial por el MAS, el exministro de Economía, Luis Arce, marcha primero en las encuestas de preferencias con miras a las elecciones presidenciales próximas. El expresidente Carlos Mesa, de la centrista Comunidad Ciudadana (CC), aparece en segundo lugar, según los sondeos, que anticipan empero un posible balotaje ante la polarización del voto.
