23 de diciembre de 2024 3:05 AM

Esta es la estafa telefónica desde Perú que ha robado cientos de miles de dólares a hispanos en EEUU

Tras su extradición desde Perú, siete personas vinculadas a estafas telefónicas realizadas desde ese país fueron sentenciadas a pasar hasta ocho años en una prisión estadounidense. Las autoridades advierten que este sofisticado esquema se enfoca en los inmigrantes hispanos en Estados Unidos, a quienes extorsionan bajo la amenaza de que los deportarán o mandarán a la cárcel.

Miami Mundo / Univision

A pesar de las acciones del Departamento de Justicia (DOJ) estos defraudadores siguen operando. A Rogelio Quinteros, un mexicano que vive en Dallas, en el norte de Texas, le llamaron hace unas semanas para ofrecerle un celular Samsung Galaxy y otros artículos en rebaja. Les mandó 400 dólares, pero solo recibió una tableta y un reloj de baja calidad. Jamás le llegó el teléfono móvil.

Después comenzó la estafa más grande: le llamó una persona para decirle que no pudieron entregarle el celular, pero este jamás regresó al distribuidor. Le advirtió que ya tenía una deuda acumulada de 10,000 dólares que debía pagar lo antes posible para evitar las consecuencias.

“Yo le dije: ‘esa cantidad no vale un teléfono’”, relata Quinteros a Univision Noticias. “Me dijeron que estaban hablando de la corte por incumplimiento. Les dije que no quería problemas y estuve hablando horas con ellos. Me decían que si no cumplía en 24 horas llegaría un policía a mi casa”, contó.

En algún momento de la conversación le advirtieron que existía la posibilidad de que incluso agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se presentaran a su domicilio por el falso adeudo. Quinteros es indocumentado y así ha vivido varios años en Estados Unidos. “Me dijeron que si llegaba Migración tenía que mostrarle mis papeles para no enfrentar una deportación”, describió.

En este caso los defraudadores usaron su típico modus operandi: amenazar a inmigrantes sin papeles sabiendo que harán lo posible para no meterse en problemas legales o estar en la lista negra de ICE. Solo una banda de estafadores peruanos obtuvo a través de esa práctica más de 1.5 millones de dólares, de acuerdo con un caso criminal que este año concluyó con las sentencias de tres implicados.

Quinteros, de 30 años, dice que dudó de algunas cosas que le decían los “representantes de la corte” y en un momento decidió grabar las conversaciones. Pero se topó con profesionales de la mentira: le fueron respondiendo todas sus preguntas, explicándole que si debía enviar dinero a Perú era porque allá estaba “el departamento de finanzas” de la empresa, como sucede con otras transnacionales.

“Entre a la tienda, haga ese envío con total naturalidad (…) y cuando tenga el recibo me indica para validar toda la información”, le pidió una mujer que decía ser empleada del área de “conciliación” de deudas de un tribunal, según se escucha en uno de los videos que grabó el inmigrante. “Hagamos las cosas bien (…) Esto es un proceso serio”, le insistió ella.

“No quería tener problemas con la policía”

Durante varios días, Quinteros escuchó argumentos que parecían legítimos de quienes se identificaban como “abogados”, “licenciados” y representantes del tribunal. Le hablaban cordialmente y con propiedad, hacían pausas haciéndole creer que lo transferían a distintas oficinas y fingían buscar información en “el sistema”.

“Lo importante de los problemas es que se solucionan, se ponen la cara y se enfrentan. Usted está haciendo lo correcto, está enfrentando su problema, solucionándolo y casi está al final del proceso”, se escucha en el video que grabó Quinteros.

A pesar de que no les creyó todo, Quinteros aceptó finalmente hacer pagos de su falsa deuda y les mandó 500 dólares a Lima, Perú, a través de una empresa de transferencia de dinero. “Se me hizo raro que tenía que enviar el dinero a Perú, pero les dije que no quería tener problemas con la Policía”, contó el inmigrante a este medio. “Me dio miedo porque tenían toda mi información”.

En la última llamada que grabó, Quinteros conversó con un hombre que se identificó como “el licenciado” y con la misma mujer que decía trabajar para “la corte”. Le pidieron que enviara otro pago de 450 dólares a una persona en Perú. Le explicaron que era el empleado “en funciones”.

Enfadado, el inmigrante decidió encararlos de una vez. “Todo esto es una farsa. He estado investigando”, increpó a una mujer que decía trabajar para un tribunal. “¿Perdón, señor? No hay ningún fraude”, le respondió ella.

Quinteros le advirtió que tenía evidencia que presentaría a la Policía. “Pero nosotros somos la corte”, afirmó ella tratando de seguir con la farsa. “No sé por qué insiste con ese absurdo”, agregó.

– “Si ustedes son la corte ¿Por qué estoy enviando el dinero a otro país?”, preguntó el migrante.

– “No está desviando el dinero a otro país, usted hizo un acuerdo conciliatorio con la ‘sección de finanzas’ de esa corporación, la cual tiene su base en otro país. Se le ayudó por solidaridad con usted y ahora no me parece correcto que estemos recibiendo ese maltrato, sobre todo lanzándonos tantos improperios”, le reclamó ella y después colgó.

Jamás le volvieron a marcar. Quinteros, quien trabaja en la construcción y en una fábrica en Dallas, sigue enfadado porque le robaron 900 dólares, que obtuvo tras 80 horas laboradas. “Me da coraje porque fue difícil ganar ese dinero y se fue en cinco minutos. No está bien”, lamentó.

Siete estafadores en la cárcel

En abril de 2019, las autoridades tomaron acciones contra estos defraudadores peruanos y por primera vez extraditaron a cuatro implicados: Jesús Gerardo Gutiérrez Rojas, María de Guadalupe Alexandra Podesta Bengoa, Virgilio Ignacio Polo Dávila y Omar Alfredo Portocarrero Cáceres. Ellos ya fueron condenados a entre tres y cuatro años de prisión.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Gutiérrez Rojas, de 37 años, admitió que supervisó varios centros de llamadas en Perú “que les dijeron falsamente a las víctimas de habla hispana en Estados Unidos que habían contraído deudas y sufrirían varias consecuencias por no pagar”, señala la Fiscalía.

Mientras que Podesta, Polo y Portocarrero admitieron que administraban y supervisaban tres de esos call centers utilizando la extorsión para obtener dinero de consumidores estadounidenses considerados “vulnerables”. Sus asociados en Miami, Florida, colectaron los pagos de miles de víctimas en EEUU.

En la sentencia de Portocarrero el pasado 24 de julio, el juez Roy Altman expresó que la naturaleza descarada y a gran escala del plan de los acusados era “impactante”. Además, señaló que explotaron a “las personas más vulnerables de nuestro país” y dijo que su conducta delictiva era “terriblemente vergonzosa”.

También este año, un tribunal federal impuso sentencias a tres peruanos que operaban centros telefónicos en Lima y Cajamarca, Perú. Los extraditaron en diciembre pasado, después de que obtuvieron más de 1.5 millones de dólares amenazando a miles de inmigrantes hispanos en EEUU.

La semana pasada, Johnny Enso Hidalgo Marchan, de 40 años y originario de Lima, Perú, fue condenado a más de ocho años de prisión por supervisar allá un call center. Al sentenciarlo, el juez Robert Scola declaró que era “importante imponer una sentencia significativa para disuadir a las personas en otros países que piensan que pueden aprovecharse de personas en Estados Unidos con impunidad”.

En marzo y junio, sus cómplices Francesco Guerra, de 25 años, y Rodolfo Hermoza, de 45, fueron condenados a pasar más de siete años tras las rejas.

La investigación descubrió que este trío tenía asociados en Miami, Florida, quienes cobraron las “deudas”. Llamaban para vender productos y después cobraron adeudos estratosféricos.

Al imponerle el castigo a Guerra, el juez Scola expresó que habían cometido un “delito muy grave” y subrayó que causaron daños psicológicos y emocionales duraderos a sus víctimas.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionados