El Pleno del Congreso de España aprobó la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, tras recibir el apoyo del 56% de la Cámara, con el voto desfavorable de las agrupaciones políticas Partido Popular y Vox.
surflorida/DLA
La nueva norma, que fue presentada por el Partido Socialista Obrero Español y debe ser ratificada por el Senado próximamente, recoge que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de “padecimiento grave, crónico e imposible o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.
De esta manera, según recoge el informe de la agencia de noticias Europa Press, el solicitante deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses; tener mayoría de edad y “ser capaz y consciente en el momento de la solicitud”.
Sobre el proceso, indica que, si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia si no puede escribir) en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es “resultado de ninguna presión externa”.
Antes de la votación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se dirigió al Congreso, para exponer que, a su juicio, es un avance hacia “una sociedad más humana y justa”.
Para el ministro Illa, esta medida demuestra que España es “una democracia moderna” y “lo suficientemente madura” como para afrontar esta cuestión.
No obstante, José Ignacio Echániz, en nombre del Partido Popular, indicó que el estatuto adoptado es “inconstitucional, inoportuno, frívolo, chapucero e injusto” y actúa “contra los más vulnerables y desvalidos”.
El Partido Popular argumentó que hay una “alternativa” a la eutanasia y que es la ley de derechos y garantías ante el proceso final de la vida que incluya la sedación, la universalización de los tratamientos paliativos y el testamento mínimo vital para asegurar que no haya muerte con sufrimiento.
Sin embargo, Inés Arrimadas, presidenta de la agrupación Ciudadanos, aseguró que esta ley es un “avance para las libertades”.
Y añadió: “No se trata de imponer creencias, sino de respetar las del otro”, afirmó al insistir que la ley no supone la pérdida de derechos para nadie y, además, cuenta con el respaldo del 80% de los españoles.
