Roberto Vargas, un albañil en Caracas, se dirigía a comprar harina para sus hijos el jueves cuando se bajó la mascarilla para secarse el sudor de la cara. Un oficial de la Guardia Nacional se dio cuenta y le ordenó esperar junto con otras personas a un lado de la vía. Vargas dijo que estuvo 50 minutos sentado con varias docenas de personas.
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“Eso es una locura (…) no son capaces de ir a resolver los problemas que hay” en la barriada de Petare, agregó Vargas a Reuters después de completar su sanción.
Grupos locales de derechos humanos dicen que las autoridades están imponiendo castigos similares en todo el país por infracciones que incluyen no usar mascarillas de protección, no hacer filas correctamente para comprar alimentos o no obedecer los horarios de cierre de comercios que funcionan como toque de queda informal.
En algunos casos en que se han incumplido las restricciones de movilidad u otras normas relacionadas con la pandemia, uniformados han pedido a grupos de personas quedarse en un sitio a hacer ejercicio, recoger basuras o quitar la maleza en un sector vial, dicen las ONG.
El no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) dijo el 22 de julio en un mensaje en Twitter que acompañó con un video que “presuntos colectivos o funcionarios de civil, golpean y torturan a ciudadanos por presuntamente incumplir medidas de cuarentena en Caracas (…) La impunidad favorece abusos crueles de esta naturaleza”.
El video mostraba a presuntos funcionarios golpeando a tres hombres con un bate de béisbol por no cumplir con las medidas de confinamiento y salvoconducto. Reuters no pudo verificar el video de manera independiente.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios sobre este castigo y otros.
Tras la denuncia de Provea, el fiscal general, Tarek Saab, informó en julio en su cuenta oficial de Twitter que una persona había sido identificada como la responsable de tales acciones y que se le acusaría de lesiones personales graves.
Los castigos, dicen los legisladores de la oposición y los grupos de derechos humanos, son otro ejemplo de cómo el presidente Nicolás Maduro ha militarizado la respuesta de su gobierno a la pandemia, desplegando fuerzas de seguridad ampliamente acusadas de violaciones de derechos humanos que incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales y extorsiones.
Maduro ha agradecido públicamente a los militares por dar la batalla contra el COVID-19. En ocasiones anteriores también ha señalado que sus fuerzas de seguridad han sido objeto de una campaña internacional de difamación.
Desde que Maduro anunció la cuarentena en marzo, las fuerzas de seguridad han establecido puntos de control en todo el país para limitar el movimiento de las personas y hacer cumplir el uso de mascarillas. Las unidades de policía también patrullan las ciudades para garantizar que los residentes cumplan con los toques de queda.
“Hay un manejo parapolicial de la situación, hay un manejo judicializado de la pandemia que se va a exponenciar en mayor tasa de contagios”, dijo José Manuel Olivares, asesor de salud del líder opositor Juan Guaidó, ya que muchos venezolanos no están reportando posibles síntomas de coronavirus por temor a llamar la atención de las fuerzas de seguridad.
El gobierno de Maduro está tratando de evitar que un número acelerado de casos de coronavirus sobrecargue el deteriorado sistema de salud de Venezuela. Hasta el momento, las autoridades han confirmado 23.280 casos y 202 muertes, aunque las ONG médicas advierten que las pruebas son insuficientes.
