El Departamento de Justicia suspendió las ejecuciones federales luego de que el gobierno de Donald Trump les diera un uso histórico al aplicarlas 13 ocasiones en seis meses.
SurFlorida / AP
El secretario de Justicia, Merrick Garland, hizo el anuncio el jueves en la noche, diciendo que estaba imponiendo una moratoria a las ejecuciones federales mientras el Departamento de Justicia efectúa una revisión de sus políticas y procedimientos. No dio a conocer un cronograma.
“El Departamento de Justicia debe garantizar que a todos en el sistema de justicia penal federal no sólo se les dé acceso a los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, sino que también se les conceda un trato imparcial y humano”, afirmó Garland. “Esta obligación tiene una fuerza especial en los casos de pena capital”.
Garland dijo que el departamento revisará los protocolos que dejó en vigor el exsecretario de Justicia William Barr. Se ha presentado una demanda federal contra dichos protocolos, incluido el riesgo de dolor y sufrimiento asociado con el uso del pentobarbital, el fármaco utilizado en las inyecciones letales.
La decisión suspende de momento las ejecuciones, pero no pone fin a su aplicación y mantiene la puerta abierta para que otro gobierno simplemente las reanude. Tampoco impide a los fiscales federales pretender obtener la pena de muerte para algún reo. El gobierno del presidente Joe Biden solicitó en fecha reciente a la Corte Suprema la restitución de la sentencia de muerte original al autor del atentado en el maratón de Boston.
Biden ha dicho que se opone a la pena de muerte, y su equipo anunció que el mandatario adoptaría medidas para detener su uso mientras él esté en la presidencia.
Sin embargo, el tema le incomoda. En otras épocas él fue uno de los que defendieron la pena de muerte, y contribuyó a elaborar las leyes de 1994 que incluyeron 60 delitos federales por los que un acusado puede ser sentenciado a la pena capital, incluidos varios que no implican homicidio. Posteriormente reconoció que las leyes repercutieron en forma desproporcionada sobre las personas negras. Entre los condenados a muerte en Estados Unidos hay una cantidad desproporcionadamente alta de negros.
Los activistas opuestos a la pena de muerte confiaban en que el gobierno de Biden daría una respuesta más definitiva. El apoyo entre los estadounidenses a la pena capital se encuentra cerca de sus niveles históricos más bajos después de alcanzar su mayor nivel a mediados de la década de 1990, cuando comenzó a declinar en forma constante. Las encuestas más recientes indican que el respaldo actual es de aproximadamente 55%, según el centro de Información de la Pena de Muerte, una organización apartidista, en Washington, D.C.
