El gobierno de Estados Unidos retiró las visas a 50 familiares directos de diputados, fiscales y jueces involucrados en actos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Sur Florida / apniews
El Departamento de Estado indicó el viernes en un comunicado que los afectados son “familiares inmediatos de funcionarios afiliados al régimen que han contribuido directamente a las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua que no cumplen con las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas”. Aunque no identifica a las personas sancionadas, agregó que “Estados Unidos está comprometido con promover una amplia rendición de cuentas para cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen de Ortega-Murillo a las instituciones democráticas”.
El informe señaló que en los últimos dos meses el gobierno nicaragüense arrestó a 32 opositores políticos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado, abogados defensores y otros. “Ortega y (su esposa y vicepresidenta Rosario) Murillo demostraron una vez más que tienen miedo de correr contra cualquiera que sientan que pueda ganarse el apoyo del pueblo nicaragüense”.
El 12 de julio, el Departamento de Estado prohibió los visados a 100 legisladores, jueces, fiscales y familiares de esos funcionarios “bajo una política de restricción de visa que se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos, y los familiares directos de dichas personas”.
El gobierno de Nicaragua no ha reaccionado de momento a este anuncio.
Nicaragua celebrará elecciones generales el 7 de noviembre en medio de una crisis que comenzó en 2018 tras protestas que fueron sofocadas con violencia por la policía con un saldo de 328 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 emigrados y exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega, de 75 años, y Murillo de 70, fueron postulados por su partido Frente Sandinista para su tercera y primera reelección respectivamente. Ortega fue presidente por primera vez de 1985 a 1990, volvió al poder en 2007 y se reeligió en 2011 y 2016.
Mientras tanto, el pleno del Senado de Estados Unidos aprobó el viernes por mayoría una ley que autoriza a extender las sanciones a funcionarios del gobierno sandinista y a revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA). Se trata de la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Renacer, presentada en marzo por el demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
“Este es un día de acción contundente, el día en que el Senado de los Estados Unidos dice que la paranoia de Daniel Ortega de perder en las urnas no es excusa para su desmantelamiento sistemático del sistema democrático de Nicaragua”, declaró Menéndez tras la aprobación de la norma. “No dejaré de pedir el fin de la persecución política, incluidos los esfuerzos para silenciar a líderes de la oposición como Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro”, cuatro de los siete aspirantes a la presidencia nicaragüense encarcelados desde el 2 de junio, agregó.
La iniciativa deberá ser aprobada próximamente por el pleno del Congreso, donde el 28 de julio tuvo el aval del Comité de Relaciones Exteriores.
En tanto, el abogado Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció que las autoridades de Migración le impidieron salir del país y le quitaron su pasaporte cuando pretendía viajar este viernes a Estados Unidos desde el aeropuerto internacional “Sandino” de Managua.
“Este es un abuso más de este gobierno que está violentando mis derechos y garantías constitucionales. No es posible que un funcionario esté por encima de la Constitución Política”, dijo Carmona en rueda de prensa. Indicó que pretendía viajar a Miami para atender un problema de salud y visitar a familiares.
El pasado 29 de julio, la policía arrestó a María Oviedo, abogada de la CPDH, quien permanece encarcelada e investigada por supuestos delitos contra el Estado. Carmona no descartó que también pueda ser detenido. “Aquí todos estamos expuestos”, advirtió.
