Estados Unidos retiró el visado a 100 funcionarios del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua que han “asaltado la democracia” en el país, informó el lunes el secretario de Estado, Antony Blinken.
SurFlorida / Apnews
En un mensaje vía Twitter, Blinken dijo que la medida tomada por la administración de Joe Biden afecta a “miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales, jueces y sus familiares que impulsaron el asalto del régimen de Ortega-Murillo a la democracia”.
La medida fue tomada tras el arresto de 26 opositores desde fines de mayo, entre ellos seis aspirantes presidenciales que competirían con Ortega en los comicios del 7 de noviembre en los que el mandatario sandinista de 75 años aspira a una tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo.
“En el contexto de Nicaragua, la política de restricción de visas del Departamento se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos y miembros de la familia inmediata de dichas personas”, explicó el informe oficial del Departamento de Estado.
Entre los ataques a la democracia y los derechos humanos el texto menciona el arresto de los opositores y aspirantes presidenciales. Entre ellos hay además varios dirigentes políticos antisandinistas, dos exvicecancilleres, dos excomandantes guerrilleros, dos empresarios, dos líderes estudiantiles y un periodista.
También menciona la aprobación de leyes represivas “que han servido para restringir y criminalizar el discurso, la disidencia y la participación política”.
Una treintena de altos funcionarios del gobierno y allegados a Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo -incluidos ella y tres de sus hijos- han recibido sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidas tras el estallido social de abril de 2018.
Estados Unidos acusó igualmente a Ortega por “hostigar y silenciar a la sociedad civil y los medios independientes” y “socavar las instituciones y procesos democráticos en Nicaragua”, señaló el documento.
“Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar los llamados de los nicaragüenses a una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas”, subrayó.
Nicaragua vive una grave crisis política desde 2018 tras las protestas sociales contra Ortega que fueron sofocadas con violencia por la policía causando cientos de muertos, miles de heridos y detenidos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno de Managua asegura que la revuelta social fue “un fallido intento de golpe de Estado”.
